Por: Pascual Gaviria

Justicia popular

KEIKO FUJIMORI HIGUCHI TIENE la desgracia (y la suerte según las encuestas) de ser la hija de un régimen más que de una pareja de peruanos rasgados al uso del Japón.

A los 14 años, cuando su papá todavía andaba en tractor de campaña, ella estaba pintando la escenografía de Cambio 90, el partido político que la engendró. Terminando el bachillerato reemplazó a su madre como primera dama y emprendió una correría de imposición de manos sobre las cabezas de los niños anémicos del Perú. Se convirtió entonces en una venerable santa de 17 años cumplidos, una virgen abotagada y risueña en campaña política contra la desnutrición. Luego, según dicen quienes reconstruyeron la contabilidad del fujimorismo, se educó en Estados Unidos con una mesada en efectivo que venía del Servicio de Inteligencia Nacional. Más tarde, cuando ya había aprendido a lidiar el serpentario de la casa presidencial, denunció los venenos del Doc. Montesinos, mayordomo de la guarida, y jugó a la arpía honesta. “Antimonte-cinismo” tardío, dicen sus enemigos. Luego firmó su mayoría de edad votando a favor de un referendo que buscaba impedir la tercera elección de Alberto Fujimori. De ahí en adelante le ha correspondido ser la apoderada política en los procesos judiciales contra su padre.

Desde hace unos meses todas las encuestas para la campaña presidencial de 2011 le entregan un reñido primer puesto a la hija del fujimorismo. El fallo condenatorio contra Fujimori padre en abril pasado adelantó la largada en la carrera hasta la Casa de Pizarro. Al día siguiente Keiko proponía, en plena plaza pública, convertir la campaña en una especie de juicio popular, un referendo para definir la verdad histórica: “Ya no hay nada que esperar de ese poder judicial que no sirve para nada; lo más importante, como lo dijo Alberto Fujimori, es la sentencia del pueblo”. Hablaba más como una orca que enseña los dientes que como un delfín hembra de 34 años. Y no estaba lanzando frases efectistas. La campaña presidencial terminará por decidir si Fujimori muere en la cárcel o en su casa. Keiko ha planteado el indulto a su padre como una promesa electoral y un acto de justicia política. La sentencia no puede igualar al jefe terrorista de Sendero con su enemigo implacable desde la silla de gobierno. El escarnio penal ha fortalecido las acciones electorales de la hija: “Lo que creo que va a pasar es que con esta sentencia, que considero injusta, mucha gente mostrará más apoyo, no sólo para Alberto Fujimori, sino para el fujimorismo”. Los más perversos dicen que Keiko jaló a su padre desde su exilio japonés para que sirviera como mártir de su campaña.

La sentencia que algunos califican de histórica y otros de infame es sometida al fuego cruzado de las encuestas. Los abogados penalistas han perdido la palabra a manos de los lectores de sondeos. Keiko dice que el 66% de los peruanos considera a El Chino como el mejor presidente que ha tenido el país. Los abogados de las víctimas dicen que antes del fallo el 69% de los ciudadanos creía que Fujimori era culpable. Viendo ese espectáculo de demagogia judicial no pude más que pensar en nuestro promocionado Estado de opinión. Uribistas y fujimoristas creen en la aptitud del chantaje de las mayorías como un camino para evadir los procedimientos constitucionales y contradecir las decisiones de otros poderes públicos. El cubículo electoral como instancia definitiva y obligatoria para todas nuestras encrucijadas puede terminar por llevar el alma a la perdición.

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