La adicción gubernamental a la fumigación

Hace un año escribí una columna contra la posibilidad de que el Gobierno reactivara la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos. El próximo sábado 19 la ANLA realizará una audiencia en el trámite de la eventual licencia ambiental para esas fumigaciones. Como el Gobierno no ha dado realmente ninguna evidencia nueva relevante a favor de esas fumigaciones, entonces debo prácticamente autoplagiarme y retomar los planteamientos de esa columna y otras previas.

La argumentación contra las fumigaciones es simple: no son efectivas, tienen graves efectos negativos, su viabilidad jurídica es precaria y existen mejores estrategias.

Primero, las fumigaciones son costosas, pero no logran reducir durablemente los cultivos ilícitos. Por ejemplo, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) mostró en un estudio que en ciertos años, como 2006, la relación fue 27 a uno; esto es, por cada 27 hectáreas asperjadas pudo reportarse solo la reducción de una. El economista Daniel Mejía ha hecho igualmente varios estudios econométricos que muestran la reducida eficacia de las aspersiones. La razón es simple: si no hay solución a la precariedad material de los cultivadores, el efecto de la fumigación es que poco después hay resiembras.

Segundo, las fumigaciones tienen efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, desde 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS señaló que el glifosato es probablemente cancerígeno para seres humanos.

Tercero, las fumigaciones afectan la legitimidad institucional, pues las poblaciones locales rechazan a un Estado que contamina el ambiente, afecta su salud y destruye sus fuentes de ingresos, sin ofrecer alternativas.

Cuarto, existen opciones mejores, incluso dentro del prohibicionismo: por ejemplo, el desarrollo alternativo tiene efectos más duraderos por cuanto los campesinos no resiembran, ya que obtienen una solución a las dificultades materiales que los llevan a la coca. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en las zonas en que ha operado el programa de sustitución del Acuerdo de Paz (el PNIS), la erradicación voluntaria ha funcionado. La tasa de resiembra ha sido casi nula, pero el gobierno Duque está ahogando financieramente ese programa mientras reserva recursos cuantiosos para las fumigaciones.

Finalmente, por todos esos elementos, la viabilidad jurídica de las fumigaciones es hoy muy débil. En el ámbito interno debe cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y en el Auto 387 de 2019. Y a escala internacional, las fumigaciones deben respetar los estándares internacionales en la materia, que fueron sintetizados en las directrices internacionales de política de drogas y derechos humanos avaladas por el PNUD, la OMS y Onusida, en colaboración con la Universidad de Essex. Estas directrices señalan que están prohibidas las fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos “a menos que se demuestre que dichos productos químicos no representan un riesgo para la vida humana o el medio ambiente”.

Todos estos problemas de las fumigaciones y la posibilidad de mejores alternativas fueron reconocidos por el recientísimo informe de la Comisión de Política de Drogas del Congreso de Estados Unidos, que obviamente tendrá una gran influencia en el nuevo gobierno de ese país.

Con toda esta evidencia, ¿por qué la insistencia del gobierno Duque en reanudar las fumigaciones? ¿Será que está sufriendo una especie de adicción a la fumigación? Y volviendo a la audiencia de la ANLA, ¿será que la idea es aprovechar la Navidad para expedir una licencia ambiental a las fumigaciones?

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.