Disgustados por la mano blanda del Gobierno actual en lo que concierne al paro nacional en Buenaventura, Vargas Lleras y Uribe Vélez recurrieron a Twitter. Los dos hombres fuertes de la nación manifestaron su desacuerdo con los acuerdos a los que llegaron el nuevo comisionado para la Paz, Restrepo Gómez, y el Comité del Paro en la ciudad. Las conversaciones habían logrado que, con ciertas concesiones, los manifestantes dejaran pasar la mercancía. A quienes protestan, este punto medio les permite quizá no perder el margen de maniobra que han logrado a través de bloqueos (sin el cual no podrían negociar casi nada). El comisionado tal vez imaginó que, con tales licencias, se aseguraría una cierta normalidad en los intercambios de mercancía, disminuyendo así las pérdidas económicas mientras se labran acuerdos más fundamentales.
Vargas Lleras escribió que “el Gobierno Nacional ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional”. “Legalizando el bloqueo y tolerando el mal llamado corredor humanitario… queda perdido cualquier asomo de autoridad”, denunció el exvicepresidente. Por su cuenta, Uribe alertó sobre lo que llama “la sustitución de la autoridad legítima”. “Se pierde la autoridad”, repitió el expresidente, “se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”.
Ante la nostalgia que los embarga y que añora la autoridad, el Estado y la soberanía, cabe hacer una descripción de la ciudad que ambos, en sus largos períodos como gobernantes, forjaron.
Durante los ocho años de la presidencia de Uribe Vélez se hizo más difícil el acceso al agua, la electricidad, la educación y los servicios de salud en Buenaventura. Y en 2014 la ciudad estaba además en medio de un enfrentamiento armado. Luego del proceso de desmovilización paramilitar, gran parte del paramilitarismo regional se recicló en grupos como los Rastrojos, los Machos, el Clan del Golfo y la Empresa, que disputaban el control de las rutas del narcotráfico y daban continuidad a la estrategia paramilitar de robo de recursos públicos, desplazamiento forzado de comunidades y apoyo armado a inversionistas privados.
En 2014 y 2017, miles de personas salieron a las calles en una movilización para exigir al Gobierno que interviniera en la ciudad para acabar con la violencia contra la población civil. También exigieron una mejor inversión pública en infraestructura de agua, salud y educación. En ese momento Vargas Lleras se desempeñaba como el “zar” de la infraestructura nacional.
Actualmente, Buenaventura mueve el mayor volumen de mercancías de Colombia y tiene una población de 432.417 personas, de las cuales el 66 % está por debajo de la línea de pobreza. La esperanza de vida es de 51 años, 11 menos que el promedio nacional. Muchos informes destacan la relación desigual y en ocasiones conflictiva entre la ciudad y el puerto, porque, a pesar del éxito del puerto y de las muchas inversiones que atrae, genera una cantidad limitada de empleo, principalmente para trabajadores traídos de otros lugares, y la ciudad es una de las más pobres del país: el 94 % de la población se rebusca en la informalidad.
Entre 1990 y 2012 la ciudad registró 4.799 homicidios y 475 personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1990 y 2013. Desde 1990 ha sido la ciudad con el mayor índice de desplazamiento interurbano del país. Sé que ya lo dije, pero lo voy a repetir: la esperanza de vida en Buenaventura es de 51 años, 11 menos que el promedio nacional.
Algunas horas después de que aparecieran los mensajes de Uribe y Vargas, el Gobierno Nacional desautorizó el acuerdo firmado en Buenaventura.
Rectificación. En la columna publicada hace una semana en este mismo medio, titulada “Santander a la derecha”, afirmé que Norberto Morales y Tiberio Villarreal “fueron pioneros del paramilitarismo colombiano en el Magdalena Medio”. Rectifico que Norberto Morales y Tiberio Villarreal nunca han sido condenados por paramilitarismo. Morales no tuvo procesos por paramilitarismo. Villarreal fue investigado y absuelto.
