Por: Indalecio Dangond B.

La burocracia agrícola

Esta semana tuve la oportunidad de dictar dos charlas sobre la política de financiamiento agrario para productores de arroz del Casanare y directores de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas) del Atlántico. En ambas reuniones salí muy preocupado por el mediocre impacto que han tenido los programas de ayuda del Ministerio de Agricultura y Fedearroz en la productividad de los agricultores.

En la mayor zona arrocera del país (Casanare), la próxima semana comienzan las siembras de unas 100.000 hectáreas de arroz y el Ministerio de Agricultura todavía no ha girado a Finagro los recursos que prometió a los arroceros del país, para subsidiar un porcentaje de la tasa interés de los créditos. Los calendarios de siembra no saben de resoluciones y traslados presupuestales. La recolección de documentos, estudio y desembolso de un crédito en tiempo normal dura aproximadamente 30 días, y si los recursos no llegan a tiempo, los arroceros tienen que acudir a las casas comerciales donde les cobran unas altas tasas de interés, lo cual les merma la rentabilidad de sus negocios.

El Ministerio de Agricultura, además de haber incumplido con una parte del pago del almacenamiento de la pasada cosecha (que tiene a miles de productores al borde de la quiebra), tampoco diseñó una estrategia para incentivar la siembra de otros cultivos para remplazar las áreas de arroz que hay que reducir este año, por la sobreoferta del grano en el país. Ni siquiera se les ocurrió implementar un plan de siembra de maíz amarillo, sabiendo que la producción nacional sólo logra abastecer el 23% de la demanda interna y a los avicultores del país les toca importar el 77% restante desde los Estados Unidos (4,3 millones de toneladas), lo cual generaría importantes ingresos a la economía del país y empleo rural.

Si por el lado del Ministerio de Agricultura la incapacidad y la burocracia abundan, por el lado del gremio es peor. Fedearroz, en vez de invertir los 60 millones de dólares que ha recibido en estos últimos cinco años (ingresos provenientes de las subastas de importación del grano desde los Estados Unidos) en nuevas variedades de semillas, transferencia de tecnologías y capacitación en buenas prácticas, se dedicó a construir costosas oficinas, molinos y a montar unas tiendas que no dan ni para pagar los arriendos de los locales que les arrendó a sus altos directivos. La Contraloría General de la República y los ministerios de Hacienda, de Comercio e Industria y el de Agricultura están en mora de realizar una auditoría especial a la ejecución y el impacto de estos recursos en la productividad del sector.

En el tema de la prestación del servicio de asistencia técnica por parte de las Umatas municipales, el problema es aún mayor. Según el Censo Agropecuario, el 90% de los campesinos censados dijeron no haber recibido nunca este servicio. En la reunión con los 23 directores de las Umatas del departamento del Atlántico, vi a unos profesionales mal pagos, sin presupuesto, con un total desconocimiento de los programas de fomento a la productividad agropecuaria y sin herramientas para transmitir los principales problemas de los agricultores a los investigadores agrícolas.

Grave, muy grave, este panorama.

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