La consulta anticorrupción

Hernando Gómez Buendía
18 de agosto de 2018 - 11:00 a. m.

El próximo domingo estrenaremos esta otra forma de la democracia representativa a escala nacional, pero es casi seguro que no funcionará.

Los críticos sostienen que algunas de las siete preguntas de la consulta prohíben cosas que ya están prohibidas, otras proponen cosas que no tienen por qué disminuir la corrupción, y las restantes pueden hacer más mal que bien. La discusión en cada caso es algo complicada, y por eso remito a los interesados a los análisis de expertos que estamos publicando en Razón Pública.

Pero yo creo que hay un punto más hondo: si la corrupción pudiera eliminarse con reformas legales, hace ya tiempo que no habría corrupción. En todos los países se han intentado toda suerte de fórmulas y —para no ir muy lejos— en Colombia escribimos una Constitución de 380 artículos con el propósito obsesivo de erradicar “los vicios de la clase política”, como entonces se llamaban la robadera y la mermelada. 27 años después, parecería que no hemos avanzado nada.

Eso no quita que algunas medidas legales ayuden a prevenir formas específicas de corrupción. Más bien sucede que este mal proviene de lo profundo del sistema político, y es como un río crecido que uno trata de trancar con piedritas que le estorban el paso, pero no impiden que el agua siga fluyendo a borbotones. Es como dice el dicho popular: “hecha la ley, hecha la trampa”.

Por eso, cuando digo que la consulta no funcionará, me refiero sobre todo a que necesita 12'231.314 votos, la tercera parte del censo electoral. No tantos votos como los de las presidenciales o las de Congreso, pero sí casi tantos como los del “plebiscito por la paz” y muchos más de los que obtuvo el referendo de Uribe en 2003.

Sin propaganda, sin maquinaria —sin mermelada— y con torpedos teledirigidos, sería un milagro que el próximo domingo hubiera tantos votos. Eso lo sabían todos los congresistas, y por eso aprobaron la consulta por unanimidad. Luego vinieron el torpedo de Uribe —que esta vez sí le dio por confiar en el Congreso— y la movida del presidente Duque cuando se anticipó a presentar cuatro proyectos que recogen parcialmente la consulta al mismo tiempo que la hacen innecesaria y le recortan, entre otras, lo del salario de los congresistas.

El problema por tanto no se limita a unas medidas contra la corrupción, sino a un punto esencial del sistema político: si es el Congreso, o el presidente de la República, o el pueblo soberano quien debe proponer las reformas para limpiar ese mismo sistema.

El Congreso es el único método que el mundo democrático ha inventado para que las leyes se puedan debatir y consensuar palabra por palabra; pero en Colombia el Congreso no funciona si no es con mermelada, y por eso el presidente es quien propone las leyes que se aprueban. Los congresistas a su vez son elegidos por el pueblo soberano, pero el pueblo no vota si no llega mermelada.

La corrupción es entonces la sangre del sistema, y por eso las reformas contra ella no pueden ser sino piedritas en el río. Y esto sucede aunque a veces una parte del pueblo se rebele e intente utilizar la democracia participativa, que sin embargo no funciona porque ese mismo sistema la diseñó para que no funcione.

Y así vamos.

* Director de la revista digital Razón Pública.

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