Por: Gustavo Gallón

La danza macabra en Aguachica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por graves violaciones cometidas contra tres familias en Cesar. La sentencia se notificó el 18 de diciembre. Se trata de una historia estremecedora que debería servir como lección para que no se repita.

El 24 de enero de 1994, en Aguachica, fue asesinado por un grupo de hombres armados el secretario privado del alcalde, José Erminso Sepúlveda Saravia, de 42 años, mientras almorzaba con Noel Emiro Omeara Carrascal, respetado agricultor de la región. El señor Omeara, de 74 años, quedó gravemente herido y falleció seis meses después, el 26 de julio. Se reconocía como conservador y, por sus relaciones con las autoridades, identificó entre los perpetradores a miembros del Grupo Únase (Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión), integrado por agentes de organismos de seguridad. 

Así se lo reveló a su hijo de 33 años, Manuel Guillermo Omeara Carrascal, quien se dedicó a realizar averiguaciones sobre lo sucedido. Luego de un mes de la muerte de su padre, el 27 de agosto, Manuel Guillermo fue secuestrado en una camioneta perteneciente al paramilitar denominado “RP” en la sentencia. Cuatro semanas después, el 23 de septiembre, el cuerpo sin vida de Manuel Guillermo fue encontrado enterrado en una finca cercana. 

Él vivía en la casa de su suegro, Héctor Álvarez Sánchez, junto con su esposa, Fabiola Álvarez Solano y sus tres hijos menores de edad. Dos meses más tarde, el señor Álvarez, de 64 años, recibió varios disparos. Quedó parapléjico, entre otras dolencias. Murió el 11 de mayo de 2000, como consecuencia del atentado.

Su hija y sus nietos recibieron amenazas y se desplazaron forzadamente a Bucaramanga. Según la sentencia, tres paramilitares confesaron en enero de 2017 que “lo sucedido a los señores Omeara Carrascal, Omeara Miraval y Álvarez Sánchez fue ordenado por RP” y señalaron “relaciones entre el grupo paramilitar y el Estado” (párr. 228).

A pesar de esas y de muchas otras evidencias producidas durante los casi 25 años transcurridos, no hay ningún agente de Estado procesado ni condenado. Las investigaciones judiciales se adelantaron en forma separada por los tres hechos. La Corte declaró la responsabilidad del Estado por denegación de justicia, además de las violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la verdad, al derecho de circulación. También, por no haber investigado las posibles torturas sufridas por Manuel Guillermo Omeara. Y ordenó, además de otras reparaciones, que se investigue, juzgue y sancione a los responsables.

La Corte no se pronunció sobre la responsabilidad por el asesinato de Erminso Sepúlveda. Sus familiares no pudieron acudir a tiempo ante el sistema interamericano, debido a la ausencia de garantías para actuar contra los victimarios. Erminso pertenecía al Movimiento de Acción Comunitaria (MAC), considerado subversivo por los organismos de seguridad. Por eso se inició esta masacre espaciada en el tiempo. Corresponde ahora a la justicia colombiana completar la sentencia de la Corte Interamericana en relación con los Sepúlveda y el MAC, y al Gobierno, verificar que se hayan adoptado los correctivos para poner fin a este tenebroso estado de desprotección de la ciudadanía.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

 

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