La falange contralor-fiscal

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La atractiva alianza que formalizaron el saliente procurador Carrillo, el contralor Córdoba y el fiscal Barbosa para vigilar a quienes manejan los millonarios dineros de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia podría ser tranquilizadora, pero, también, muy inquietante. Aparte de que los tres personajes podrían terminar actuando en gavilla contra algún funcionario que se ponga en su mira por X o Y razón (por ejemplo, el gobernador de Antioquia a quien la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento y al que la Contraloría le abrió, casi de manera simultánea, dos indagaciones por supuestos sobrecostos en contratos de alimentos), también tienen la tentación de competir por cuál de ellos abre más investigaciones, descubre más escándalos y es más capaz de encartar a personajes de relevancia como, precisamente, los gobernadores y alcaldes actuales aunque, después, las sospechas concluyan en que no había nada sustancial en estas.

Lo que las tres cabezas de los organismos de control e investigación anuncian es de tamaño sideral. Según Barbosa, la Fiscalía ha abierto 117 indagaciones por corrupción en los 32 departamentos, e investiga a tres gobernadores, al alcalde de Cartagena y a otros 14 mandatarios municipales. El procurador Carillo advirtió que adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones, y otros 396 casos disciplinarios contra un número indeterminado de alcaldías, además de que ordenó la suspensión de ocho alcaldes y sus secretarios que llevaban escasos cuatro meses en sus cargos. Y el contralor Córdoba no se iba a quedar atrás: afirmó que su entidad ha revisado contratos por $3,9 billones, ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos en contratos de 25 gobernaciones que sumarían $484.000 millones, y añadió que investiga, aparte del de Antioquia, a cuatro gobernadores y a siete alcaldes.

Si todas las indagaciones, procesos y alertas que tanto el procurador como el contralor y el fiscal han abierto condujeran a condenas por la seriedad de las pruebas que encontraran, el 100 % de los gobernadores y un gran porcentaje de mandatarios locales serían destituidos, irían a la cárcel y pagarían enormes sumas en multas y sanciones. Sin embargo, la experiencia indica que no es eso lo que sucederá; que, con el paso de los años, la responsabilidad de la mayoría de los encartados no será demostrable; que un buen número de expedientes se empolvarán en los anaqueles de los despachos de sus delegados, y que solo un pequeño grupo recibirá castigo. La espuma de la vanidad de Córdoba y Barbosa —pues Carrillo concluye su periodo en seis meses — habrá hecho la tarea de ubicarlos como los superhéroes de la lucha contra la corrupción pese a que sobre los hombros de estos dos altos servidores del Estado pesen las mismas sombras que oscurecen la conducta de sus investigados. Con la diferencia de que no hay procurador, contralor, fiscal, juez o magistrado que se atreva a desafiar el poderío del contralor general de la República y, menos, el del omnipotente fiscal general de la Nación.

En el Estado democrático en que vivimos, ¿quién ronda a Felipe Córdoba y a Francisco Barbosa? ¿Quién se conmovió, quién protestó, quién discutió siquiera si a la luz de la moralidad pública que ellos pretenden representar es “normal” que el primero contrate a la esposa del segundo en cargo pagado con presupuesto derivado de impuestos, y que Barbosa incluya entre los miembros de su cúpula oficial a la cónyuge de Córdoba, a quien le cedió el poder de darles o quitarles un empleo oficial a miles de funcionarios? Los contratos que firman los encartados en la Fiscalía y la Contraloría son objeto de revisión, pero los que se ejecutan en estos entes ¿no? ¿Pasarían un examen ético los puestos que habrían repartido el contralor y el fiscal entre amigos y familiares de magistrados y congresistas, y las órdenes de pago por centenares de asesorías externas avaladas por ellos? Las últimas noticias sobre la falange Córdoba-Barbosa son aún más preocupantes: al tiempo que se exhiben como los luchadores anticorrupción, conspiran para posicionar a sus candidatos en la carrera para elegir procurador general, defensor del Pueblo y hasta para ocupar la silla de magistrado de la Corte Constitucional que dejará libre Luis Guillermo Guerrero. El clientelismo baila entre una y otra “ía”, en su más grotesca expresión. ¿Quién juzga a la falange? Nadie.

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