La JEP vista por la Comisión Internacional de Juristas

En año y medio de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado ya someter a su jurisdicción 11.000 personas, identificar 820.000 víctimas, abrir siete macrocasos en la Sala de Reconocimiento de Verdad, hacer presencia en 19 enlaces territoriales, recibir 91 versiones voluntarias de exmiembros de las Farc y agentes del Estado, realizar 13 audiencias en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, emitir 29 resoluciones en la Sala de Amnistía e Indulto, y tramitar 336 acciones de tutela y 54 solicitudes de garantías de no extradición en la Sección de Revisión. Se trata de “avances significativos” logrados en medio de un “ambiente altamente polarizado y sin haberse sancionado su Ley Estatutaria”, promulgada este 6 de junio.

Así lo considera la más antigua organización mundial de derechos humanos, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), fundada en 1952, que ha efectuado una cuidadosa evaluación de su desempeño, con corte al 7 de junio de este año. La semana pasada, presentó su informe al presidente de la República, Iván Duque, y a la presidenta de la JEP, Patricia Linares (ver en https://bit.ly/2WXUmQp).

La CIJ valora también el amplio respaldo de la comunidad internacional a la JEP, porque esta institución “permite que el Estado colombiano dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Tal reconocimiento es extensivo al sistema integral del cual hacen parte la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que “cuentan con alto grado de legitimidad a nivel internacional, como mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la paz”.

Sobresalen las acciones desplegadas por la JEP para implementar enfoques diferenciales, como la creación de la Comisión Territorial y Ambiental, la Comisión Étnica y la Comisión de Género, encargadas de presentar propuestas para que sus decisiones incorporen un enfoque diferencial; o la composición de sus magistrados, 53 % de los cuales son mujeres y el 20 % son afrocolombianos e indígenas. En total, la CIJ destaca ocho avances, entre los cuales hace referencia al respeto de la jurisdicción de la JEP por las altas cortes.

El informe está suscrito por el presidente de la CIJ, Robert Goldman; su vicepresidente, Carlos Ayala (exmiembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Philippe Téxier (expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y magistrado de la Corte de Casación de Francia) y Wilder Tayler (exsecretario ejecutivo de la CIJ y codirector de la Defensoría del Pueblo de Uruguay).

Ellos señalan, igualmente, ocho desafíos, el principal de los cuales tiene que ver con la necesidad de ampliar la participación de las víctimas, así como garantizar el derecho a la reparación. Igualmente, expresan preocupación por su financiación, pues recibió para 2019 menos del 80 % de los recursos solicitados, y no se le menciona en el Plan de Desarrollo. Debería generarse entre la población un fuerte aprecio y un clamoroso respaldo para superar los desafíos de la JEP, cuyas virtudes son altamente valoradas por quienes conocen de estos temas en el mundo entero.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).