Por: Eduardo Sarmiento

La ley de financiamiento

En artículos anteriores descubrimos con los globos del ministro de Hacienda hacia dónde se dirigía la reforma tributaria. La ley eleva el IVA de la mayoría de los productos e incrementa la tarifa de renta de las personas naturales, baja la tarifa de renta de las personas jurídicas e introduce una devolución del IVA para los estratos 1 y 2 (30 % más pobre). En cierta forma, se acude a la práctica de deprimir los salarios para propiciar la producción y el crecimiento económico.

Los países no han logrado resolver el conflicto entre el salario y el ahorro. Se considera que el crecimiento y el buen desempeño de las empresas están en el mantenimiento de bajos salarios, y luego en su compensación mediante la elevación de los impuestos y la ampliación del gasto público. La depresión salarial se busca superar con asistencialismo. El esquema no funciona mal en Europa, donde la clase media tiene un ingreso muy superior al del 30 % más pobre y dispone de un estado sólido de bienestar. En cambio, en los países que no existen esas condiciones, la distribución del ingreso se deteriora y los ingresos del trabajo se contraen.

La reforma contempla tres aspectos. Primero, la elevación de los recaudos mediante la elevación de las tarifas del IVA a la mayor parte de la canasta y aumento de la tarifa a la renta de las personas naturales. Segundo, reducción de la tarifa de renta a las personas jurídicas e introducción de todo tipo de subsidios para las empresas. Tercero, devolución del IVA al 30 % más pobre. El primer componente implica una elevación de los recaudos de $13 billones, el segundo una reducción de $10 billones y el tercero una disminución de $2 billones.

No es cierto que la reforma tributaria se destine a cubrir el hueco fiscal. El verdadero propósito es bajar los impuestos de las personas jurídicas y subir los subsidios de las empresas, y compensarlos con la elevación del IVA y el alza de las tarifas de renta de las personas naturales. El hueco fiscal se cubre con otros mecanismos contemplados en la ley de financiamiento, como la privatización de empresas, la normalización tributaria y la modernización de la DIAN, el alza de los precios del petróleo y la supuesta reactivación de la economía.

La justicia tributaria no opera en un sistema dominado por el IVA y de menores gravámenes al capital que obtiene las remuneraciones más altas. La regresividad no se corrige con la devolución del IVA: está visto que la reducción del impuesto a las personas jurídicas es muy superior a lo que recibe el 30 % más pobre. Se repite la práctica general de las reformas tributarias de darle prioridad al recaudo sobre la equidad fiscal. Los que tienen más pagan menos. Por lo demás, la asimetría se acentúa cuando se advierte que el gasto público, que llega al 30 % más pobre, es muy inferior a ese porcentaje. Simplemente, una gran parte del gasto público se destina a partidas que reflejan la misma dispersión de los ingresos individuales.

Para completar, no es claro que la reforma tributaria contribuya a la reactivación de la economía. Los estímulos de oferta de la baja de salarios resultan inefectivos en economías que operan con deficiencia de demanda. La solución solo se puede lograr con un manejo coordinado de la política fiscal, monetaria y comercial que supere el exceso de ahorro y sostenga el balance externo.

La reforma tributaria se presentó como una forma de cubrir el hueco fiscal, reducir las inequidades y supera el estancamiento de varios años. El articulado apunta en una dirección distinta. Las disposiciones se orientan principalmente a reducir los gravámenes de las personas jurídicas y el capital, elevan la participación del capital en el producto nacional y no garantizan la reactivación de la producción y el empleo.

 

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