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La pandemia nos ha paralizado, casi postrado, y aún desconocemos sus consecuencias. Pese a nuestras diferencias y problemas, es inconcebible “ayudarle”. Las comunidades indígenas afrontan problemas que ameritan una solución de fondo. En su búsqueda, han despertado sentimientos de solidaridad en la población, pero el desarrollo de sus protestas y su inflexibilidad, sin considerar la realidad de la pandemia y del país, nos alejan de encontrarla.
La llegada de la minga a Bogotá es una expresión de problemas sin resolver que merecen escucharse y atenderse. Coincide, sin embargo, con intereses de sectores políticos que tienen en la mira la próxima elección presidencial y otros para los que desestabilizar es condición para mantener sus negocios ilegales. ¿Estamos ante una crisis política? Confluyen en el Gobierno, pero son problemas del Estado al que pertenecemos todos.
La movilización ocurre en un momento en que la pandemia y sus consecuencias no terminan. Europa avanza hacia un primer rebrote, que en algún momento nos llegará, ante el cual Francia no ha encontrado remedios distintos al toque de queda y Reino Unido ha debido prohibir las visitas familiares. Los efectos económicos están por establecerse, pero en Colombia sabemos que el PIB caerá hasta un 7% y a la emergencia se han destinado hasta $60 billones, por ahora. ¿De dónde saldrán? ¿Cuánto tardaremos en recuperar los trabajos, formales e informales, perdidos? ¿Es momento para adicionar movilizaciones y paros a un grave problema de salud pública?
Los problemas de las comunidades indígenas del Cauca combinan diferentes y explosivos elementos —desde diferencias culturales e históricas que involucran la propiedad de la tierra, pasando por cultivos ilícitos, mafias y actores armados ilegales, sumados a pobreza y desigualdad—, que no terminaron con la firma del Acuerdo de Paz ni se resolverán ahora. Solo uno de ellos, el narcotráfico, nos confronta con la pregunta de si se está utilizando la movilización para presionar e impedir una inminente fumigación aérea.
La solución de este único problema, luego de repetidos fracasos de la prohibición, será inevitablemente la legalización, para la que faltan años, gobiernos y padecimientos. Las comunidades indígenas lo saben y lo sufren, pero lo que no deben, ni pueden, es agravar sus efectos mientras procede ayudar en su solución y en convivencia pacífica, un objetivo que su “sabiduría ancestral” también les debe indicar.
Luego de tantos años de conflicto conocemos que los asesinatos de líderes sociales e indígenas, hoy, son consecuencia del narcotráfico y no de una política de Estado o de gobierno, como quieren indicar actores interesados. Un asunto diferente son las limitaciones del Estado para contenerlos y garantizar nuestra seguridad. Si sirve como consuelo, contra la brutalidad del narcotráfico y de su prohibición no ha podido ningún Estado, comenzando por los países donde se concentra una demanda ascendente pese a la prohibición y a políticas equivocadas en que se han perdido millonarios recursos y miles de vidas. Resulta irracional, como lo hacen los movilizados líderes indígenas del Cauca, exigir una solución mágica o por decreto.
De acuerdo con el reciente censo, en Colombia las comunidades indígenas representan el 4% de la población mientras, en teoría, tienen asignado el 30% del territorio. 308.000 de ellos viven en el Cauca. Estos números nos aproximan a la magnitud real del problema y sus demandas, comparadas con los derechos y necesidades de todos los colombianos. Su pretensión de hacer un “juicio político” al presidente excede sus posibilidades y la realidad.
Ante el probado cumplimento de los acuerdos firmados el año pasado con el Gobierno, los líderes indígenas reconocen que sus reclamos son de naturaleza política, lo que paradójicamente puede conducir a un principio de solución más estable. No es posible, para la nuestra o cualquier democracia, afrontar lo que se ha convertido en un grave problema sin resolver: una permanente amenaza o chantaje. Una salida política, como sus reclamos, los comprometería a trascender la denuncia y a participar de la solución.
El desarrollo de los principios constitucionales —en los que se destaca la circunscripción nacional especial, las características de las jurisdicciones especiales y de organización territorial, verificando entidades territoriales, competencias, recursos y participaciones— ha tenido notables avances en el régimen especial incorporado en el Decreto 1953 de 2014, cuyo perfeccionamiento podría conducirnos a una solución más estable, real y armónica. Se trata de una conversación más de fondo que, en las circunstancias, resulta indispensable y no puede desarrollarse con la algarabía de la movilización. Una que reconozca diferencias y derechos tanto como obligaciones. Los pueblos indígenas, como otros sectores que no se encuentran debidamente representados e incluidos en nuestras leyes e instituciones, tienen derecho a solicitar los ajustes necesarios sin alterar o arrollar los derechos de otros ciudadanos.
