Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Notas de buhardilla

La ministra del billón: “¿no ve que estoy pudiendo?”

Le oí al recordado magistrado y humanista Carlos Gaviria un cuento que con su agradable acento paisa repetía con mucha gracia. Contaba que en alguna ocasión un señor estaba orinando en la vía pública y un policía le advirtió que no podía hacerlo en ese lugar, a lo cual el personaje respondió: “¿Cómo que no se puede? ¿No ve que estoy pudiendo?”.

La anécdota viene como anillo al dedo a propósito de lo que ha explicado la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sobre su intento fallido de concluir una negociación del litigio de la Ruta del Sol, con la cual puso en riesgo el patrimonio público por defender intereses privados, pues de haberse logrado ese arreglo habría significado para las arcas de la ANI tener que desembolsar más de $1 billón, y no los $200.000 millones que impuso el tribunal arbitral. La ministra ha dicho varias cosas, ninguna de las cuales la deja bien parada.

En primer término, justificó no haberle informado al país sobre las conversaciones que adelantaba con las contrapartes, porque ella cree que eso se debía informar después de que el ojo estuviera afuera. No, señora ministra, intentar transigir una controversia de semejante monto y trascendencia es transparente entre más ojos estén vigilando, en particular la prensa y la comunidad. De no haber sido porque en medios se filtró el asalto, se habría incurrido en el desafío de poner a la Procuraduría y al tribunal arbitral en la encrucijada de aprobar un arreglo leonino.

En segundo lugar, Orozco alega que de todas maneras no pasó nada porque no se aprobó la conciliación y por eso cínicamente celebró la decisión del tribunal que casi impide. Mejor dicho, la misma coartada del publicitado presidente del Consejo Gremial, no propiamente defensor de los recursos públicos sino de los empresariales. Todos lavándose las manos con la amenaza de salvaguardar la inversión bancaria en las 4G.

En tercer lugar, la ministra sostuvo que no estaba inhabilitada para intervenir en este asunto, en el que dejó como un pelele al mediocre director de la ANI. ¡Qué tal!, no le pareció suficiente haber reconocido que hasta antes de asumir el cargo era contratista del Grupo Aval, así fuera para dictar unas conferencias, ni que había sido socia de la vicepresidenta Ramírez cuando oficiaba como miembro suplente de la junta del Banco de Bogotá, de propiedad de Sarmiento. Es decir, la ministra está como el señor del cuento de mi buen amigo Carlos Gaviria, pues a su manera respondió en forma semejante: tan no impedida estaba que intervine.

Es preocupante el entendimiento que alguien tan experimentado en el servicio público y en las asesorías privadas, como lo es Orozco, atribuye a las inhabilidades. Lo que ha debido hacer la ministra desde que asumió era manifestar su impedimento para intervenir en todo aquello que tuviera que ver con sus antiguos clientes, en vez de nestorhumbertiar. No haberlo hecho habla mal de ella y también del subpresidente Duque, experto en respaldar equivocaciones de sus subalternos, como lo hizo antes con el ministro de Defensa.

Sería bueno que Orozco le aclarara al país cuándo, entonces, un funcionario debe declararse impedido o inhabilitado en asuntos de interés para sus exclientes, si en esta ocasión no le conmovió su cercana vinculación profesional con el Grupo Aval.

En este Gobierno esas son cosas de forma. Por eso subsiste aún Carrasquilla, el de los bonos de agua, y por eso Duque minimizó la “jugadita” del bachiller Macías.

Un Gobierno que pregona estar interesado en combatir la corrupción se hace el de la vista gorda ante funcionarios que actúan en asuntos donde se mueven intereses de entidades a las que han prestado sus servicios particulares. El tristemente célebre “Héroe de Invercolsa”, Fernando Londoño, fue sancionado e inhabilitado para ejercer empleos públicos precisamente porque desde su investidura abogó para que le pagaran una condena arbitral a un cliente. Un buen antecedente que el procurador Carrillo tiene a la mano.

Adenda. Demoledor el informe de Human Rights Watch sobre la guerra en el Catatumbo. ¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno detenga este baño de sangre?

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2019-08-11T00:00:55-05:00

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2019-08-11T00:15:01-05:00

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