Por: Gustavo Gallón

La nueva alta comisionada y Colombia

Iinició con bríos su mandato en Ginebra la nueva alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. En su discurso inaugural ante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 10 de septiembre, exaltó la importante labor de su predecesor, Zeid Ra’ad Al Hussein, y recordó el compromiso de ella con los derechos humanos, en tanto fue detenida política (así como sus padres), refugiada y médica de niños víctimas de tortura. Tras el golpe de Estado en su país hace 45 años, participó decididamente en su reconstrucción institucional. Destacó la superación de divisiones que fue necesaria para obtener ese resultado.

Por ello mismo, hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos a lograr consensos en lo que para ella es el propósito central de Naciones Unidas: los derechos humanos, que son la condición para “alcanzar la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible”. Como estas metas constituyen también la agenda común de todos los pueblos, es del interés de los Estados garantizar los derechos humanos. “Todos” los derechos humanos, subrayó varias veces en su discurso. Y anunció que va “a abogar por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son inherentes a todas las personas” y que “luchará por ser su voz y su fuerte defensora, con completa objetividad, sin miedo y sin sesgos, y urgirá a todos los Estados” a protegerlos y promoverlos. Con esa mira, rindió tributo “al coraje, la dignidad y el altruismo de todos los defensores de derechos humanos”.

Luego de destacar la importancia de los diferentes instrumentos de Naciones Unidas, pasó revista a las más graves situaciones de derechos humanos en el mundo. Entre ellas, mencionó a Colombia, donde “su Oficina ha registrado, hasta el 1º de septiembre, 53 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos este año, y se están verificando 57 casos adicionales”. Aludió también a México, con ocho homicidios de defensores este año, y a Guatemala, con 18, e instó a fortalecer las medidas preventivas y de protección para corregir esta grave situación.

Es claro, entonces, que las repetidas agresiones contra defensores y líderes sociales en nuestro país son y serán tema prioritario de atención para la alta comisionada. No es de extrañar, pues constituyen, junto con los obstáculos que afectan el desarrollo del Acuerdo de Paz celebrado con las Farc, los aspectos neurálgicos de la actual situación de derechos humanos en Colombia, que urge superar. Es vital, por consiguiente, que se dinamicen los diversos mecanismos existentes para hacer frente eficazmente a ese desangre.

La Consejería Presidencial para los Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos, así como la de Seguridad Nacional y la Unidad Nacional de Protección tienen allí un reto importante. Pero sobre todo debería reactivarse cuanto antes la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde se reúnen todas las agencias estatales competentes en esta materia, junto con representantes de la sociedad civil. Debe sesionar una vez cada mes, según el decreto-ley 154 de 2017, art. 5º. El presidente Duque se comprometió en Apartadó el pasado 23 de agosto a convocarla. Ya es hora.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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