Por: Salomón Kalmanovitz

La paz en problemas

Una de las más fuertes emociones que despierta el contramonumento de Doris Salcedo Fragmentos es caminar sobre 70 toneladas de armas fundidas que sirvieron para alimentar la guerra, matar a miles de personas y producir sufrimiento entre incontables víctimas. Se trata de la evidencia más contundente de que las Farc cumplieron con su compromiso de abandonar las armas, dando el mensaje de que la guerra había terminado. Lo hicieron a pesar de las advertencias de Manuel Marulanda de que no las entregaran hasta no estar seguros de que el Estado les cumpliría.

Aunque es temprano para decir que el Estado ha sido faltón con esta insurgencia, no hay duda de que el Gobierno de Duque pretende desconocer los acuerdos en torno a la justicia transicional, socavando varios de sus puntos más importantes y enredando su aplicación. Lo ha hecho resquebrajando el orden institucional, al no sancionar la ley que debe regular la Justicia Especial para la Paz.

Precisamente en 2010 la Corte Constitucional invalidó la pretensión de Álvaro Uribe de hacerse elegir por un tercer período, momento en el cual le fue imposible controvertir una decisión que lo apartaba del poder, al parecer en forma permanente. La decisión fue tomada por siete votos contra dos, estos últimos, de magistrados nombrados por el Gobierno, incluyendo el de Jorge Pretelt. Según El Tiempo, la Corte concluyó “que una segunda reelección viola principios como la separación de poderes, la igualdad, la alternancia democrática y el sistema de pesos y contrapesos establecido por la Constitución del 91”. La Corte no imaginó que Álvaro Uribe retomaría el poder a través de interpuesta persona ocho años después. La determinación del interpuesto de reabrir decisiones tomadas por el Legislativo y la Corte Constitucional atenta igualmente contra la separación de poderes y debilita los contrapesos a las acciones arbitrarias que pueda tomar el Poder Ejecutivo. Es un precedente peligroso.

Al mismo tiempo que el presidente desobedecía la sentencia de la Corte Constitucional sobre la JEP, aduciendo problemas de inconveniencia, el Centro Democrático y su cerebro Álvaro Uribe linchaban mediáticamente a las Farc en el Congreso y en las redes sociales. Uribe hacía equivaler los términos JEP y Farc para que no hubiera confusiones, como si sus jueces fueran simpatizantes de la guerrilla. Días antes, el fiscal general le había montado un soborno a un funcionario de la JEP que fue convenientemente filmado para manchar la reputación de la institución.

El presidente Duque, muy cortés él, llamó a la presidenta de la Corte Constitucional a informarle que no la estaba desconociendo, aunque estaba cuestionando una cosa juzgada por la Corte. Así mismo, el canciller, igualmente cortés, informaba al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que no estaba derrumbando la JEP, ante la incredulidad del funcionario internacional. Cuando el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas insistió en que la Ley Estatutaria debía ser sancionada sin dilaciones, el embajador de Colombia, ya menos cortés y muy digno, replicó que era una falta de respeto e injerencia indebida en los asuntos internos del país y que se apartaba de lo acordado con Guterres, algo que no vino del mencionado.

Es un mundo al revés en el que los funcionarios cometen acciones irresponsables y peligrosas, pero salen a decir solapadamente que no están haciendo lo que están haciendo. El resto del Estado deberá corregirlas.

 

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