Por: Leonardo Fabio Martínez Pérez

La paz, un derecho irrenunciable

Colombia no ha sido el único país que, por medio de un proceso de negociación y establecimiento de un acuerdo de paz, ha pretendido terminar un conflicto interno que ha durado muchos años y ha dejado miles de víctimas a su paso. Alrededor del mundo es posible encontrar varias experiencias que permiten evidenciar que la construcción de apuestas por la paz a largo plazo es posible, a pesar de los inconvenientes y obstáculos que puedan presentarse en el proceso.

Tanto en África como en Asia y Centroamérica, es posible estudiar diversos procesos y acuerdos de paz que permitieron la finalización de conflictos internos en sus países tras su implementación y la construcción de alternativas de legitimación de derechos. Por ejemplo, la firma del acuerdo en Sudáfrica en 1994 entre el gobierno del presidente Frederik Willem de Klerk y el Congreso Nacional Africano liderado por Nelson Mandela, significó el ascenso democrático de Mandela al poder y la construcción de una Asamblea Constituyente y de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Esto permitió terminar con la discriminación racial y asegurar la garantía de derechos para todos los ciudadanos del país.

Otros casos como los ocurridos en Nepal e Indonesia, evidencian el alcance que pueden tener los acuerdos de paz cuando se trabaja de forma mancomunada por su cumplimiento. Para Nepal, implicó el cese de un conflicto que se había extendido por más de 10 años, el cual dejó múltiples víctimas. El acuerdo permitió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que implicaría el tránsito en 2008 de Monarquía a República Federal Democrática. Para Indonesia significó en 2006, la terminación de una pugna interna que inició cuarenta años atrás con el grupo armado independentista de oposición GAM. Esto llevó a la amnistía para los miembros del GAM y a su participación política, así como al establecimiento de una comisión de la verdad y la reconciliación.

En América Latina también es posible encontrar casos como los de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde la negociación entre los gobiernos y grupos insurgentes permitió la culminación de conflictos internos que desestabilizaron a estos países y dejaron cientos de víctimas. En el Salvador, por ejemplo, luego de 11 años de guerra entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), las partes establecieron en 1991 un acuerdo de paz. En un documento firmado en Ciudad de México pactaron reformas constitucionales sobre la tenencia de la tierra, los sistemas judicial, militar y electoral, y los derechos humanos. Además, se creó la comisión de la verdad para investigar los hechos más graves de violencia, que comenzaron en 1980 y dejaron más de 75 mil muertos. Al día de hoy, los excombatientes de la guerrilla salvadoreña dirigen un importante partido político.

Sin embargo, en todos los procesos se evidenciaron inconvenientes y obstáculos en la ejecución y puesta en marcha de los acuerdos. En algunos casos, como el Salvador y Guatemala, la restitución a las víctimas continúa siendo un asunto pendiente; no obstante, la consolidación y cumplimiento de los acuerdos como una apuesta de construcción de país permitió la construcción de la paz.

Durante más de medio siglo los colombianos hemos vivido las duras consecuencias del conflicto político armado que ha causado el desplazamiento de millones de compatriotas, cientos                de miles de muertos e incontables desaparecidos. Esto además de las afectaciones a niños, mujeres, y comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales, Rom, partidos    políticos, movimientos sociales, sindicatos, gremios económicos; entre otros actores sociales que han padecido los impactos de la guerra.

A lo largo de este conflicto las comunidades rurales y pobres son las más afectadas en su integridad y dignidad humana, en aquellos territorios abandonados por el Estado, en los cuales las necesidades básicas no son satisfechas y las políticas sociales en educación, salud y bienestar son inexistentes. Se genera entonces lamentablemente un ambiente propicio para el desarrollo de prácticas ilegales y violentas, por esta razón el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc-Ep es muy importante para avanzar en la reforma rural integral, tal como se ha contemplado. Así mismo, los demás puntos del acuerdo relacionados con participación política, solución del problema de drogas ilícitas, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, son esenciales para alcanzar una paz justa y duradera.

El proceso de paz permitió la desmovilización y desarme de este grupo insurgente y su concreción en partido político. Este hecho, considerado como uno de los más importantes de la historia reciente del país, creó una posibilidad real de construcción de paz en los territorios. Se planteó así una alternativa de resistencia y lucha diferente a las armas; y de restitución, verdad y no repetición para las víctimas afectadas por más de medio siglo de conflicto armado a lo largo ancho del país.

Desde su puesta en marcha, este acuerdo ha salvado la vida de cientos de personas, tanto de la población civil como de combatientes. Según la Unidad para las Víctimas (UV), cuando empezaron los diálogos, el enfrentamiento interno dejaba en promedio 3.000 muertos al año; en 2017 cuando comenzó la implementación del acuerdo, esa cifra se redujo a 78. De todas las consecuencias del conflicto la más impactante en cifras es la del desplazamiento: 7,4 millones de víctimas en cinco décadas, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En 2012 había 233.874 desplazados al año, y en 2017 fueron 48.335, una reducción del 79%, según la UV.

Reconocer ese cambio evidente en el panorama nacional como consecuencia de la firma de los acuerdos, justifica la necesidad de continuar trabajando como Nación en el cumplimiento de los mismos y en la construcción de la paz. Así, a pesar de los obstáculos y de las recientes declaraciones de algunos exdirigentes de esta guerrilla sobre su regreso a las armas, cientos de colombianos continuamos apostando por la construcción de la paz y demandando la ejecución de los acuerdos. Este es el punto central del asunto y el futuro de nuestro país dependerá de la grandeza política que tenga el Gobierno y la sociedad colombiana para no declinar ante uno de los derechos y valores más sagrados de la humanidad: la PAZ. En palabras de Gandhi “No hay camino hacia la paz, la paz es el camino”.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

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