SI ALGUIEN SE DA CUENTA DE QUE una banda de ladrones está robando una casa, informa a las autoridades, y éstas, si son diligentes, capturan, o al menos tratan de echarle mano a los delincuentes.
Cuando se está frente a una pirámide, es evidente que sus dueños van a tumbar a la gente. Y cuando se ven docenas de pirámides, por todo lado, es obvio que están en marcha robos masivos. Lo raro es haber permitido que el delito continuara, imperturbable, durante años.
Lo increíble es que estos robos masivos por medio de pirámides se han hecho a la luz del día. Se han discutido en los medios, se han debatido en consejos comunitarios, se han presentado en televisión. Y lo peor de lo peor es que las autoridades no hubieran hecho nada. Se comenzaron a mover únicamente cuando se voló el dueño de una de las mayores pirámides. Demasiado tarde.
Ante el desastre, los distintos funcionarios se echan la culpa. Aunque acepta alguna responsabilidad, el Presidente acusa al Fiscal y a sus propios superintendentes. El Fiscal se defiende y contraataca. Y así sucesivamente.
La gran pregunta es por qué, cuando pudieron, las autoridades no hicieron nada.
Para responder, hay que reiterar algo, sostenido, una y otra vez, por el Procurador y por expertos como Juan Camilo Restrepo: las autoridades sí tenían facultades para intervenir. No era necesario presentar una nueva ley para golpear a las pirámides. Este fue un cuento, una bengala de distracción.
Tampoco son creíbles las argumentaciones formalistas que dicen que era necesario investigar durante meses para tipificar los delitos y recaudar las pruebas. El mismo presidente Uribe se queja de que el “pánico jurídico” paralizó a sus superintendentes. Así como se detiene y se persigue a los enmascarados atrapados, in fraganti, robando una casa, una pirámide puede y debe ser cerrada inmediatamente después de que se comprueba su existencia.
Quedan tres hipótesis, materia de la “pirapolítica”, relacionadas entre sí, que podrían explicar la escandalosa inacción de las autoridades.
En primer lugar, la masiva vinculación del público les creó un enorme apoyo popular a las pirámides. Los políticos, del Ejecutivo y el Legislativo, no querían poner en riesgo su popularidad y oponerse a cientos de miles de ahorradores que temían que la intervención precipitara la pérdida de sus ahorros.
En segundo lugar, las pirámides capturaron la voluntad de ciertos fiscales, muchos policías, políticos y distintos funcionarios que, de una u otra forma, crearon un gran blindaje que fue capaz de paralizar las investigaciones y las acciones legales y policiales en contra de ellas. Se sabe que, por lo menos, en los niveles bajos y medios, las pirámides brindaban servicios de atención rápida, generosa y preferencial (sin colas) a una variedad de servidores del Estado.
En tercer lugar, dado el carácter mafioso de algunas organizaciones, es posible que se hayan dado casos de sobornos y amenazas, agasajos sociales y regalos extravagantes que hubieran podido debilitar la voluntad y la capacidad de respuesta de algunos funcionarios encargados de vigilar o investigar las pirámides. Lo que de verdad pasó en esta materia, seguramente saldrá a la luz próximamente.
Mientras tanto, por lo menos, se deberían cerrar las pirámides que todavía siguen vivas. Ya no hay justificación para no hacer nada.
SI ALGUIEN SE DA CUENTA DE QUE una banda de ladrones está robando una casa, informa a las autoridades, y éstas, si son diligentes, capturan, o al menos tratan de echarle mano a los delincuentes.
Cuando se está frente a una pirámide, es evidente que sus dueños van a tumbar a la gente. Y cuando se ven docenas de pirámides, por todo lado, es obvio que están en marcha robos masivos. Lo raro es haber permitido que el delito continuara, imperturbable, durante años.
Lo increíble es que estos robos masivos por medio de pirámides se han hecho a la luz del día. Se han discutido en los medios, se han debatido en consejos comunitarios, se han presentado en televisión. Y lo peor de lo peor es que las autoridades no hubieran hecho nada. Se comenzaron a mover únicamente cuando se voló el dueño de una de las mayores pirámides. Demasiado tarde.
Ante el desastre, los distintos funcionarios se echan la culpa. Aunque acepta alguna responsabilidad, el Presidente acusa al Fiscal y a sus propios superintendentes. El Fiscal se defiende y contraataca. Y así sucesivamente.
La gran pregunta es por qué, cuando pudieron, las autoridades no hicieron nada.
Para responder, hay que reiterar algo, sostenido, una y otra vez, por el Procurador y por expertos como Juan Camilo Restrepo: las autoridades sí tenían facultades para intervenir. No era necesario presentar una nueva ley para golpear a las pirámides. Este fue un cuento, una bengala de distracción.
Tampoco son creíbles las argumentaciones formalistas que dicen que era necesario investigar durante meses para tipificar los delitos y recaudar las pruebas. El mismo presidente Uribe se queja de que el “pánico jurídico” paralizó a sus superintendentes. Así como se detiene y se persigue a los enmascarados atrapados, in fraganti, robando una casa, una pirámide puede y debe ser cerrada inmediatamente después de que se comprueba su existencia.
Quedan tres hipótesis, materia de la “pirapolítica”, relacionadas entre sí, que podrían explicar la escandalosa inacción de las autoridades.
En primer lugar, la masiva vinculación del público les creó un enorme apoyo popular a las pirámides. Los políticos, del Ejecutivo y el Legislativo, no querían poner en riesgo su popularidad y oponerse a cientos de miles de ahorradores que temían que la intervención precipitara la pérdida de sus ahorros.
En segundo lugar, las pirámides capturaron la voluntad de ciertos fiscales, muchos policías, políticos y distintos funcionarios que, de una u otra forma, crearon un gran blindaje que fue capaz de paralizar las investigaciones y las acciones legales y policiales en contra de ellas. Se sabe que, por lo menos, en los niveles bajos y medios, las pirámides brindaban servicios de atención rápida, generosa y preferencial (sin colas) a una variedad de servidores del Estado.
En tercer lugar, dado el carácter mafioso de algunas organizaciones, es posible que se hayan dado casos de sobornos y amenazas, agasajos sociales y regalos extravagantes que hubieran podido debilitar la voluntad y la capacidad de respuesta de algunos funcionarios encargados de vigilar o investigar las pirámides. Lo que de verdad pasó en esta materia, seguramente saldrá a la luz próximamente.
Mientras tanto, por lo menos, se deberían cerrar las pirámides que todavía siguen vivas. Ya no hay justificación para no hacer nada.