Los primeros afectados por la incapacidad política del Congreso para retirar de su cargo al ministro de Defensa son los policías.
Para las víctimas de la violencia policial los gestos de desaprobación política son tan necesarios como insuficientes. Una moción de censura exitosa habría sido un gesto útil para el reconocimiento de la violencia desproporcionada y sistemática. Pero las víctimas requieren verdad y justicia.
La institución de la Policía, entre tanto, pierde la oportunidad de abrir un debate serio sobre su reforma. El espíritu de cuerpo entre políticos afines al Gobierno con que fue abordada la moción de censura refuerza el equivocado relato de su heroísmo. En vez de una Policía profesional y respetuosa de los derechos humanos, le exigimos que salve patria. Como en su momento a los militares con las guerrillas.
Los llamados a defender la Policía en los términos de una guerra antisubversiva la alejan de la ciudadanía. Las campañas publicitarias ideadas para esquivar la mala imagen y controlar el relato en redes y ante la comunidad internacional relativizan el valor de los derechos humanos. Al afirmar (en inglés o coreano) que lo que hemos visto en imágenes es un montaje o una verdad a medias, los derechos humanos entran al campo de lucha. Se los instrumentaliza.
No es necesario recordar que la violencia contra la Policía existe y es condenable. También acá tenemos imágenes explícitas. Acompañarla en sus duelos, reparaciones y exigencias de justicia, requerir que sea respetada, debería hacerse desde un lugar institucional que no chantajee con la posibilidad de una guerra civil.
Si hay terrorismo en las calles, es de Estado. A la espera de una reforma militar que no se dio después del proceso de paz con las Farc-Ep, una fuerza policial ajena a los militares sería un avance. Los policías, igualmente interesados en hacer parte de la protesta social, serían los principales beneficiados con un cambio de doctrina.
