La política del odio y la naturalización de la violencia

Por Jeyver Rodríguez*

La Corte Suprema de Justicia declara crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio de Jesús María Valle, actos que forman parte de procesos abiertos en contra del expresidente Álvaro Uribe. Estas masacres forman parte de una política sistemática de exterminio denominada “falsos positivos” y reconocida en el derecho internacional como desaparición forzada.

Ante esta situación hay varias alternativas. La primera es de orden político. Los políticos, astutos y conocedores de lo que puede sobrevenir, empiezan a construir estrategias para resultar inmunes ante cualquier persecución internacional. Colombia y Kenia son dos escenarios para aprender sobre este complejo problema que implica establecer un límite entre inmunidad e impunidad, es decir, entre el principio de inmunidad de los líderes de Estado y el deber de propender por la investigación y enjuiciamiento de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el conflicto armado.

La otra arista del problema es el de la sociedad civil, la cual forma parte un cuerpo político “enfermo” incapaz de ver su propia realidad y de profundizar en las raíces del “mal político”. Uso esta expresión para referirme al mal cometido en tiempos de guerra por actores que utilizan sutiles instrumentos de violencia para la exterminación sistemática.

Considero que una de las dificultades al intentar cualquier diagnóstico del mal acaecido en Colombia es la ubiquidad del mal, es decir, la multiplicidad de escenarios y actores en los que el mal se hace patente al mismo tiempo.

Entonces, estamos ante un problema político y, a la vez, ante uno práctico.

Si decimos que el problema es sólo de los políticos estamos dejando en un segundo plano la agencia y el poder transformador de la sociedad civil y de las personas.

Si decimos que el problema es sólo de la gente, de los seguidores de un cierto partido, estamos olvidando que los partidos políticos y los líderes carismáticos como Uribe desempeñan un papel muy grande en la construcción de mentalidades mediante el control de la propaganda y la comunicación.

Este poder se relativiza cuando se analizan los hechos desde una perspectiva internacional, es decir, como un laboratorio de paz o de guerra, en el que inciden otros actores como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional entre otras corporaciones y poderes.

La pregunta sigue siendo: ¿cómo interpretar críticamente la realidad en un país en el que la violencia se ha vuelto “banal” y ha inoculado en todos los actores e instituciones del cuerpo político? ¿Cómo desconectar la política del odio y la rutinización de la violencia de las mentes y de los corazones de la sociedad civil?

La falta de pensamiento crítico y el abandono a una política carente de toda ética y que intenta imponer su ideal a como dé lugar son, sin duda, el mejor alimento para la prolongación de la impunidad y la corrupción.

*Doctor en Filosofía. Universidad de Chile.