Vivimos un ambiente y unos comportamientos preñados de una polarización demencial, especialmente en las democracias liberales de Occidente —en las Américas y en Europa—. El argumento fue reemplazado por la descalificación en un escenario de buenos y malos, maniqueo y sordo al reclamo y a la sensatez, como si los argumentos se hubieran agotado, quedando solo el caudal incontrolable pero manipulable de las pasiones. El grito de guerra es: no al acuerdo civilizado y constructivo, sí a la imposición de mi postura o emoción por la fuerza de la pasión desatada. El otro deja de ser un diferente que se respeta, convertido en un enemigo que se anula, que se destruye.
Es lo que se vive en Colombia con el debate de la paz en general y del Acuerdo en especial; en Estados Unidos, con la atarbanería de Trump; así como con el chavismo/madurismo en Venezuela, y en Bolivia con la caída de Evo Morales… Situaciones que tienen en común un elemento que aviva el fuego del enfrentamiento y ahonda la brecha ciudadana: la politización de la justicia que la despoja de su majestad institucional y la hace manoseable, cuestionable, es decir, no creíble.
Una sociedad que pierde la confianza en su sistema de justicia y en sus jueces es una donde la seguridad ciudadana y el manejo civilizado de los conflictos propios de la convivencia en un contexto que se pretenda democrático quedan a merced del más fuerte o temerario, abriéndole el camino a la acción directa. Desemboca en el cuestionamiento de la razón de ser del Estado y de la democracia occidental, antesala de la arbitrariedad en el ejercicio del poder; la ley reducida al capricho o interés, como en cualquier dictadura.
Escuché el domingo un debate en CNN sobre el nombramiento del reemplazo de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que generaría una mayoría a los magistrados con posiciones conservadoras, cercanos al Partido Republicano, y la resistencia de los demócratas de que ello se dé antes de las elecciones de noviembre. Un profesor de Derecho Constitucional de Harvard clarificó la situación, al plantear de entrada dos puntos fundamentales: que la Corte no es un escenario político, como simple prolongación del Congreso, que sí lo es; y en segundo lugar, que los magistrados ante todo deben ser juristas íntegros y doctos, comprometidos con velar por el cumplimiento de las normas, en ese caso de la Constitución; pero además son ciudadanos con sus creencias, sus posiciones políticas y aun ideológicas personales, lo cual es normal y respetable.
Hechas esas precisiones, afirmó claramente que los jueces deben abordar los asuntos que les corresponde analizar y fallar, exclusivamente a la luz de lo establecido por las normas definidas por la sociedad, más allá de lo que sus posiciones personales le indiquen. Debe fallar en ley, pues no está emitiendo una opinión personal, por sólida que sea, sino que está administrando justicia en nombre de la sociedad y de acuerdo con las reglas y principios que ésta establece en su Constitución y leyes. Son precisiones de fondo, por encima de cualquier consideración no jurídica.
Dejo este punto acá para que cada lector saque sus consecuencias sobre lo que estamos viviendo en el país en cuanto al obrar de jueces y tribunales.
