Por: Santiago Montenegro

La protesta

Algunos de los convocantes al paro del 21 de noviembre afirman hacerlo contra lo que llaman el “paquetazo”, pero, cuando se examina su contenido, se encuentra que prácticamente ningún punto ha sido propuesto por el Gobierno y menos aún radicado en el Congreso como proyecto de ley o redactado en un borrador de decreto o en acto administrativo. Enfatizando la necesidad de hacerlo en forma pacífica, la Iglesia católica también ha defendido el derecho a la protesta, al igual que lo han hecho otros actores sociales, cantantes y reinas de belleza.

Teniendo en cuenta los problemas más críticos del país, no estoy de acuerdo con el paro, pero considero urgente alcanzar un compromiso amplio en tres temas críticos. En primer lugar, la urgente necesidad de erradicar el narcotráfico. Colombia llegó a producir en 2018 más de 1.000 toneladas de cocaína, un nivel que triplica el de 2013 y es el más alto por lo menos desde 2005. Con los ingresos que produce se financian grupos armados ilegales, que asesinan líderes sociales y reclutan menores, corrompen las instituciones y financian ilegalmente campañas políticas, y la producción de base de coca y de clorhidrato de cocaína destruye la selva y contamina los ríos con gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y otros químicos, afectando la salud de los habitantes del campo. Como lo fue desde los años 80, cuando la economía era supuestamente cerrada, el narcotráfico es la principal fuente del contrabando y de destrucción de la economía legal, tanto en el mercado de bienes finales como al desplazar y encarecer la mano de obra de actividades como el café.

El segundo compromiso debería ser para afrontar las consecuencias en Colombia de la destrucción de la sociedad venezolana por parte de la dictadura chavista. Cuatro millones de venezolanos han abandonado ese país, de los cuales 1,4 millones están ya en Colombia. El FMI pronostica que, a finales del 2020, serán ocho millones los que habrán salido de Venezuela, de los cuales cuatro se radicarán en Colombia y su atención costará 0,6 % del PIB por año. Además, en forma abierta y descarada, el dictador ha dicho que el régimen acoge al Eln y a las disidencias de las Farc y están diariamente provocando a nuestro Ejército en la frontera.

En tercer lugar, es menester acordar políticas específicas y concretas de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la principal fuente de la corrupción son las asimetrías de información entre quienes manejan recursos y sus auditores, hasta hace unos 15 años hubiese sido inadmisible, pero con las tecnologías de hoy es posible hacer públicas y en tiempo real las cifras de ejecución de los presupuestos de inversión y de funcionamiento de todas las entidades públicas. Eso hay que realizarlo.

Por supuesto, tenemos que respetar la protesta y las razones que todos los sectores tienen para llevarla a cabo, pero debemos exigir que sea en forma pacífica. Los que esperan afectar el orden público y destruir los bienes públicos y privados cometerán un gran error porque, pese a todo lo que se dice, Colombia ha sido un país en donde se valora la libertad y se aborrece la violencia. Todos esperamos que el 21 transcurra en paz. De otra forma, la opinión pública, comenzando por los ciudadanos del común, rechazará los actos de violencia y exigirá responsabilizar a quienes la provoquen y la generen.

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2019-11-18T00:00:08-05:00

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