La solución constitucional de la minga indígena

Los indígenas del Cauca han sido desplazados hacia zonas de refugio cada vez más altas de la cordillera central, donde han perdido la base alimenticia tradicional que combinaba los productos de tierras bajas, medias y altas. La expansión de la caña, la ganadería y ahora la minería tiene cercados los resguardos, donde muchos de sus predios familiares son minifundios, y el crecimiento de la población no se sostiene con el 30 % de tierras fértiles de que disponen, y menos por la falta de vías para conectar con los mercados, que hace más costosa la producción. Cualquier expansión de tierras agrícolas hacia arriba se hace a costa de la cubierta protectora del agua que irriga la caña del Valle. Es hora de pensar en un intercambio de tierras planas para los indígenas, negros y campesinos, a cambio de asegurar la existencia de los bosques altos que protegen el agua para la caña del Valle del Cauca. Se trata de cambiar tierra por agua.

Como muchas comunidades rurales, los indígenas carecen de servicios esenciales que debe proveer la inversión pública, pero además son víctimas de la segregación racial, que los coloca en la última prioridad de las autoridades municipales y regionales. El único acceso al Estado y sus recursos ha sido históricamente el clientelismo controlado por los gamonales caucanos, que cobran una tajada exorbitante por sus servicios de intermediación, que merma y dilapida la inversión social.

Aun si el presidente Duque accediera al diálogo, sus compromisos no serían garantía para el futuro, por la incapacidad del Gobierno para solucionar las necesidades colectivas de sus territorios y contrarrestar las presiones que los amenazan, empezando con la más apremiante del asesinato de los líderes sociales por los nuevos grupos del crimen organizado, aumentados por el crecimiento de las disidencias de las Farc, que compiten por los negocios ilícitos. La acusación sobre la infiltración de grupos armados en la minga es, al mismo tiempo, el reconocimiento del Gobierno de que los indígenas soportan la intimidación de las bandas criminales, sin protección del mismo Gobierno.

La principal promesa incumplida es la contenida en el artículo 286 de la Constitución, que crea las entidades territoriales indígenas (ETIS) al lado de los departamentos, distritos y municipios, con gobierno propio, autonomía para recaudar e invertir sus recursos y manejar las transferencias de la nación. Debieron haberse creado en la ley de ordenamiento territorial de 2011, pero el Congreso no lo hizo.

Un acuerdo del Gobierno con la minga para crear ahora las ETIS del Cauca con una ley, o mediante decreto, como se hizo para las ETIS de Vaupés, Guainía y Vichada en 2017, mientras se expide la nueva ley de ordenamiento territorial, sería la solución de fondo para evitar en el futuro los bloqueos para luchar por los recursos de inversión de las comunidades, al autorizar el manejo de esos recursos a sus propios gobiernos comunitarios, que tienen medio siglo de experiencia en la gestión de sus planes de vida y necesidades. La inversión de dineros públicos sería mucho más participativa y eficiente, y contaría con la vigilancia de las comunidades, en vez de seguir en manos de intermediarios y contratistas corruptos que malgastan los recursos y provocan nuevas movilizaciones de protesta. Sólo así podremos ser de verdad una nación pluriétnica y pluricultural, como dispone la Constitución, y reconocer la dignidad y capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse.