:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/02c4720c-6c6a-484b-8ec9-0a3abd746abc.png){kind=small}
Hace varios meses el concejal Juan Carlos Flórez hizo una denuncia sobre el millonario contrato que ostenta el señor Óscar Edmundo Díaz Molina con la Alcaldía de Bogotá. El contratico es por más de 670 millones de pesos y la justificación del mismo es por “insuficiencia de personal”.
Pues bien, una mirada más de cerca al tema deja ver varias cosas desconocidas con este contratista y su interesante asesoría.
El señor Díaz Molina ha sido uno de los hombres más cercanos al alcalde Enrique Peñalosa desde hace tiempo. Esto no es nuevo.
En su primera alcaldía también trabajó como asesor y, concluida esa administración, Peñalosa se lo llevó como asistente a la Universidad de Nueva York (NYU). Durante esa época Peñalosa desarrolló su relación con el Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte, ITDP por sus siglas en inglés, en donde Díaz Molina siempre fue su fiel escudero.
El conflicto de intereses con la construcción del metro que Peñalosa obtuvo desde su trabajo en la fundación neoyorquina ITDP como conferencista y consultor de buses articulados ha sido ampliamente analizado por el profesor Carlos Carrillo. (Ver Trancón de intereses).
Pero volvamos a Díaz Molina. Este fiel asesor también alternaba su trabajo en el ITDP con las fallidas aventuras políticas de su protector. Entre 2005 y 2007 fue CEO de la Fundación Por el País que Queremos, entidad con la que también recorrió el mundo pregonando las hazañas de Peñalosa. (Ver Por el País que Queremos en China).
Esa fundación fue además la plataforma desde la que el hoy alcalde impulsaba sus campañas políticas en las que constantemente estuvo Díaz Molina incluso haciendo parte, en el 2006, de la lista cerrada de Peñalosa al Senado.
Siempre al lado y, hasta hace poco, siempre perdiendo.
Pues bien, cuando por fin llegó el triunfo del alcalde Peñalosa en octubre de 2015, inmediatamente Díaz Molina sonó como su secretario de Movilidad. (Ver Las fichas y primeros nombramientos de Peñalosa).
Lo que varios gabinetólogos daban por hecho nunca se concretó y fue Juan Pablo Bocarejo quien finalmente ocupó el importante cargo para la ciudad, pero esto es quizá lo mejor que ha podido pasarle a Díaz Molina.
Desde el comienzo de su gobierno, Peñalosa lo nombró por contratación directa como su asesor por la nada despreciable suma de 30 millones de pesos mensuales y, más importante aún, muy lejos de la lupa de los entes de control. (Ver 2210100-014-2016).
El 10 de febrero de 2016 Díaz Molina firmó el contrato 2210100-014-2016, el primero de varios, por la nada despreciable suma de $304'500.000. Pero solo pasaron pocos meses para que el contratista manifestara que él debía cubrir de su bolsillo los gastos de desplazamiento fuera de Bogotá, por lo cual el 20 de septiembre de 2016 se le hizo una adición por 10 millones de pesos más destinados a gastos de transporte y alojamiento. (Ver Adición).
Vaya, vaya, vaya.
El 3 de enero de 2017 los reyes magos se adelantaron y le trajeron al asesor un nuevo contratico: el 4210000-002-2017, esta vez por $361'330.00, pagados en mensualidades de $31'030.000 y esta vez con una bolsa 20 millones de pesos para transporte y alojamiento. (Ver 4210000-002-2017)
Un año más tarde, el pasado 3 de enero, el contrato se redujo en 10 millones de pesos y hoy el asesor recibe solamente $31'960.000 mensuales en un contrato de 11 meses por $351'569.900. (Ver 4210000-001 2018).
Todo esto suma una platica. Pero la generosidad de Peñalosa no para ahí. Entre el 27 de enero de 2016 y el 28 de marzo de 2017 el experto internacional en transporte hizo parte de la junta directiva de TGI, la transportadora de gas internacional. (Ver Junta Directiva TGI).
Vale la pena aclarar que de acuerdo con el artículo 51 de los estatutos, los miembros principales de la junta directiva tienen derecho a percibir honorarios dependiendo de su asistencia. (Ver Estatutos y asistencia).
Ahora bien, ustedes van a creer que todo el problema es plata, y no.
El asesor tiene un arduo trabajo adicional a los viajes y las intensas reuniones con la gente de todo el mundo que viene a Bogotá a conocer el sistema de transporte que el alcalde Enrique Peñalosa lleva años promoviendo.
Díaz Molina debe entregar informes mensuales de gestión en los que se detalla su apretada agenda y al examinarlos, ya que estos informes fueron obtenidos por el concejal Manuel Sarmiento, son muchas las preguntas que surgen y pocas las respuestas.
Lo que sí se puede concluir es que Óscar Edmundo es omnipresente.
El asesor asiste, entre otras, a los consejos de gobierno, a las reuniones de la junta directiva de Transmilenio, se reúne con los bancos, con los operadores de los buses, con el viceministro de Comercio Exterior de Suecia, y en 12 ocasiones con los fabricantes de buses Volvo que ganaron uno de los sectores de la licitación de los nuevos buses de Transmilenio. (Ver Doce Reuniones).
Parece el alcalde en la sombra.
Pero también le queda tiempo para reunirse con su exsocio Fabio Gordillo, hoy representante legal de GSD Plus, una exitosa compañía de asesorías cofundada por Díaz Molina.
Vamos a ese capítulo.
Con la ayuda del profesor Carrillo se pudo determinar que, tras su carrera junto a Peñalosa en el ITDP de Nueva York, Díaz Molina montó toldo aparte en una compañía llamada GSD Plus S.A.S. (Ver GSD Plus).
GSD Plus es una versión local y con ánimo de lucro de ITDP, dedicada a promover la movilidad sostenible dentro de los mismos tres pilares de la fundación neoyorquina: las ciudades caminables, las bicicletas y los buses BRT tipo Transmilenio. (Ver Calificación).
A GSD Plus durante los años en los que la encabezaba Óscar Edmundo no le fue nada mal y gracias a su página web se puede ver que entre sus clientes principales se encontraban entidades oficiales, compañías mineras, bancos multilaterales, Odebrecht y Recaudo Bogotá entre muchos otros. (Ver Clientes).
La reunión con GSD Plus tuvo lugar el pasado 14 de junio y en ella participó el Banco Mundial, cliente de GSD. El tema esencial fue el arranque de una consultoría de recaudo realizada por la empresa fundada por el mismo Díaz Molina. (Ver Calendario).
No sabemos qué se discutió en la reunión con el Banco Mundial, ni en ninguna de las incontables reuniones que este poderosísimo asesor realiza sin actas y por fuera de la lupa de los entes de control, pero lo que sí queda claro es que esta asesoría por “insuficiencia de personal” genera otros conflictos de interés y ataca la transparencia que debería procurar una entidad como la Alcaldía de Bogotá.
Lo grave es que, frente a esta oscura sombra y a otros preocupantes temas del alcalde Peñalosa, ni los entes de control ni los medios de comunicación parecen interesarse.