La sostenibilidad fiscal

CONSTITUCIONALIZAR UNA POLÍTIca pública es introducir rigideces innecesarias y contraproducentes para el buen desarrollo del país. Es creer que la magia de un texto legal hará que las cosas mejoren, tan sólo si comprometemos a todos los gobiernos por venir en un curso de acción ultraconservador, muy equivocado por cierto en materia macroeconómica.

La tal reforma constitucional viene del anterior gobierno, que concibió neciamente el “derecho” a la sostenibilidad fiscal, que no es tal sino una disposición a frenar el gasto derivado del incumplimiento de los mandatos de gasto social, esos sí, derechos roturados en la Carta de 1991. Las demandas y tutelas contra el Estado que incumpla tales derechos tienen el problema de que pueden generar gasto no contemplado en el presupuesto, pero lo que toca es que, antes que nada, el gobierno cumpla sus compromisos eficientemente. Los jueces deben considerar los impactos económicos de sus fallos y que el gasto surge de la representación popular; por lo tanto, no debe ser decidido en grandes números por el sistema judicial. Por lo demás, un gobierno previsivo puede asignar presupuesto para tales demandas.

Pero la sostenibilidad fiscal también puede ser seriamente amenazada por las exenciones arbitrarias y mal planificadas de los impuestos. Otro comportamiento desequilibrante es la corrupción desbordada que abre las venas del presupuesto y deja a la sociedad sin obras ni servicios públicos. De hecho, la contratación pública que permite las revisiones ad nauseum a favor de los amigos del gobierno pone en riesgo el equilibrio fiscal del país.

Hubiera sido conveniente que existiera un impedimento legal para que el gobierno anterior no pudiera devolverles impuestos a los ricos ni regalara dinero público a sus contratistas, lo que ciertamente profundizó un déficit que hoy incluso es un freno al crecimiento del país. Este déficit debe ser financiado con deuda externa e interna que revalúa la tasa de cambio.

Ahora el texto ha sido diluido en la Comisión Primera del Senado y se trata más adecuadamente de un “principio”, aunque siempre lo ha sido de un gobierno responsable. Un problema serio que lo acompaña es que perturba futuras administraciones que se verán en la necesidad de generar déficits fiscales para enfrentar una crisis, amarrándole las manos para aplicar políticas contracíclicas. Pero no habrá nada en ese momento que les impida tomar su propio rumbo de acción: los empodera el hecho de que fueran elegidos democráticamente. El principio o derecho a la sostenibilidad fiscal es entonces un gesto inocuo que el Congreso haría bien en archivar para ocupar su tiempo de manera más productiva.

Todavía no veo el proyecto de reforma tributaria integral que mencionó el gobierno alguna vez. Ahora se requieren ingresos para financiar no sólo un déficit estructural de 4% del PIB, la emergencia invernal y los enormes proyectos de infraestructura para reconstruir lo que las aguas se llevaron y prevenir el cambio climático, sino una reforma agraria que, así sin recursos, tendrá que ser limitada y miserabilista. Algo similar parece suceder con la educación superior.

Los impuestos del nivel central en Colombia no alcanzan hoy al 14% de su PIB. Los países que van embalados en la América Latina, Chile y Brasil tienen recaudos del 32% de su riqueza. Ambos también están alcanzando su paz social. Acá no vamos a obtener ni un alto crecimiento ni esa anhelada paz.