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Por: Eduardo Díaz Uribe, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos
Los informes conocidos en los últimos días sobre el incremento de las áreas con cultivos de hoja de coca en Colombia han intensificado la polémica sobre las estrategias que deben aplicarse, con el propósito de reducir la amenaza del narcotráfico, un enemigo mundial que cobra vidas, arrasa economías e impide el desarrollo de regiones que sufrieron el impacto del conflicto armado.
En el centro de la controversia está el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), nacido en los acuerdos de paz en la Habana. El Programa es un capítulo de la Reforma Rural Integral que puso en marcha planes con los campesinos que se han comprometido con la sustitución y no resiembra, y a no involucrarse en ninguna actividad relacionada con el narcotráfico. El Gobierno ha venido cumpliendo su compromiso de realizar un proceso participativo y ejecutar un Plan de Atención Inmediata para cultivadores, recolectores y amedieros, con acciones que inciden en el bienestar de toda la comunidad.
Es una estrategia innovadora, sin antecedentes, que se ha proyectado para ser sostenible en el tiempo. Y no se circunscribe al levantamiento de las hectáreas de matas de coca sino a la generación de acciones que permitan a los campesinos que sufrieron más de medio siglo del conflicto armado, construir un mejor futuro a través de proyectos productivos y obras de infraestructura.
El desarrollo del PNIS en territorios alejados, donde nunca habían llegado el Estado ni la Fuerza Pública, donde miles de personas carecen de servicios básicos y de opciones para educarse, contar con atención médica básica o una oportunidad laboral, demuestra que sí es posible concebir un país con equidad y oportunidades.
De 123.000 familias que expresaron su interés en arrancar las matas de coca, 70.990 ya están vinculadas con el programa. Han recibido un primer desembolso 42.371 familias. El PNIS avanza —con dificultadas propias de un nuevo modelo— en 3.053 veredas de 52 municipios en 13 departamentos.
La meta de 50.000 hectáreas de hoja de coca sustituidas en el marco del programa, que comenzó en mayo de 2017, no la alcanzaremos en 12 sino en 14 meses, pero nos satisface saber que ya son miles los campesinos que cortaron sus nexos con la ilegalidad, que honraron su palabra, que están recibiendo el apoyo económico del Estado para el sostenimiento alimentario y nutricional, un paso previo para iniciar proyectos productivos que les permita soñar y, sobretodo, vivir dignamente.
Es grato llegar a puntos remotos de Arauca, Caquetá o Meta, donde las gentes soportaron abandono y violencia por años, y encontrar familias pendientes de sus gallinas, de sus albercas de peces o de sus cultivos de pan coger.
La sustitución con visión social es mucho más que levantar la coca. Es transformar vidas. Se logra con asistencia técnica, recursos oportunos, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y obras concebidas para transformar los territorios y ponerle a la paz un rostro de campesino con oportunidades y derechos respetados.