Por: Arlene B. Tickner

Las sanciones económicas no funcionan

Para actores internacionales como Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea, las sanciones económicas constituyen un instrumento coercitivo habitual de la política exterior que busca alterar el comportamiento del gobierno sancionado a través de medidas como la prohibición de viajes, la congelación de bienes y la restricción de flujos de capital y del comercio.

Además de su bajo costo en comparación con otras estrategias como el uso de la fuerza, son populares, ya que su aplicación va acompañada de un lenguaje fuerte y asertivo que genera la sensación de estar “haciendo algo” frente a conductas reprochables. Son aplicadas en unos treinta países, incluyendo Afganistán, Corea del Norte, Irak, Irán, Rusia, Siria y ahora Venezuela.

No obstante, las sanciones económicas rara vez funcionan. En cuanto a su efectividad para producir el cambio deseado (por ejemplo, la realización de elecciones), la literatura coincide en que fracasan al menos en dos tercios de los casos. La razón principal es que cuando son aplicadas por un solo país existen incentivos para que otros aumenten sus interacciones comerciales y financieras en búsqueda del lucro económico. A su vez, cuando existe rivalidad ideológica o estratégica con el que sanciona, hay estímulos políticos para ofrecer asistencia económica o humanitaria al sancionado. El embargo estadounidense a Cuba refleja ambas tendencias. En cambio, cuando las sanciones son aplicadas de forma colectiva, como ha ocurrido en Irán o Corea del Norte, la probabilidad de éxito aumenta sin estar garantizada.

Además de su inefectividad, las sanciones tienen consecuencias contraproducentes, incluyendo el empeoramiento de las crisis humanitarias, la reducción de la estabilidad política, el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia. Se ha vuelto frecuente el uso de sanciones “inteligentes” —aplicadas solamente a los líderes políticos y militares— que, si bien no resultan más eficaces, minimizan la afectación general de la población.

La adopción de nuevas sanciones a Venezuela por parte de EE:UU. —que todavía no contemplan la prohibición de importaciones de petróleo— puede acelerar el deterioro democrático. La agudización de la crisis económica y humanitaria será instrumentalizada por el régimen chavista con miras a consolidar el autoritarismo y debilitar a la oposición, como ya se viene observando en la denuncia oficial de esta última agresión imperialista. Las sanciones también pueden crear incentivos perversos para restringir las libertades políticas y civiles, y aumentar la represión, más incluso si las movilizaciones y la protesta se asocian exitosamente con ellas.

Aun si los países latinoamericanos y europeos se unieran a los esfuerzos de Washington por forzar una salida democrática en Venezuela mediante las sanciones, difícilmente surtirán el resultado deseado. Sigue sin respuesta la pregunta de qué tipo de acción regional e internacional sea la más adecuada para acompañar y complementar los esfuerzos (poco articulados) de la oposición y la población venezolana en esta coyuntura. En medio de la inercia, las experiencias de transición del autoritarismo a la democracia del Cono Sur y Brasil cobran relevancia como posibles referentes.

 

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