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hace 45 mins
Por: Hernando Gómez Buendía

Las troneras de la JEP

La justicia consiste en tratar por igual a todas las personas, pero en Colombia consiste en que los crímenes más abominables reciban las sanciones más livianas.

Es lo que va camino de pasar con el general Mario Montoya, cuya carrera estuvo llena de condecoraciones, pero también de escándalos por complicidad con los paramilitares, por el horror de los “falsos positivos” mientras fue comandante del Ejército y ahora por la negativa a admitir su responsabilidad ante la JEP.

Los cargos contra Montoya no provienen apenas de las víctimas o, peor, de criminales como Don Mario y el Tuso, sino además de Washington (que lo obligó a renunciar a la embajada en República Dominicana) y, sobre todo, de por lo menos 11 oficiales y soldados que han declarado ante la misma JEP.

El militar de más alto rango tiene derecho a todos los honores (incluida la Cruz de Boyacá), pero es también el máximo responsable por las estrategias que utilicen las unidades a su mando. El crimen de un militar es más abominable que el de un guerrillero o un paramilitar, porque estos dos son bandidos declarados, mientras que al militar le hemos entregado las armas a condición del absoluto respeto por la ley. Y los “falsos positivos” son el peor de los crímenes de guerra porque su propósito no es atacar al enemigo, sino asesinar a un inocente para ganarse unas vacaciones o una felicitación.

Pues la historia reciente de la justicia en Colombia se ha reducido a buscar que ese crimen supremo se quede sin castigo.

Esa historia en efecto comenzó con el “fuero militar” que en los países democráticos consiste en que sean militares quienes juzgan las faltas al servicio (como decir la desobediencia o la deserción) porque ponen en peligro la suerte del Ejército. Pues antes del proceso de La Habana, el Acto Legislativo 01 de 2015 se inventó que la justicia militar se ocupara de los crímenes de guerra y los juzgara según el DIH, o sea que los uniformados se juzgarán a sí mismos por los crímenes en contra de terceros indefensos y sin plena sujeción a las leyes colombianas.

Después vinieron el proceso de La Habana y la justicia “transicional” que en efecto consiste en la injusticia de no castigar a un criminal a condición de que deje de matarnos: ese fue el precio de la paz negociada con las Farc.

En este punto nos metieron el golazo de extender la justicia transicional a personas que no habían negociado con el Estado y que estaban sujetas a su soberanía, especialmente en materia penal: los militares en servicio y los “terceros” que hubieran delinquido en el contexto del conflicto armado.

Por este hueco se colaron los parapolíticos y se van a colar cuantos bandidos tengan un poco de imaginación. Pero en primer lugar se colaron los militares, que ahora tienen el bonito privilegio de escoger cuál de las tres “justicias” les conviene más: la militar, la ordinaria o la JEP.

Montoya escogió la JEP sin cumplir la condición de las JEP: que la persona admita su responsabilidad. Y está en todo su derecho, porque la absurda Ley Estatutaria de la JEP dice que la persona puede negar su participación en los hechos que hayan sido declarados por otros comparecientes ante ese tribunal.De manera que Montoya va camino de su casa mientras Colombia prosigue su camino hacia el horror.

* Director de la revista digital Razón Pública.

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2020-03-01T00:00:07-05:00

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