Las tutelas en la salud, 2018

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reportó el estudio semestral de la deuda a 207 instituciones, estimada en $10,1 billones, siendo las EPS del régimen contributivo los mayores deudores. La Superintendencia Nacional de Salud estimó que dichas deudas “pueden estar cercanas a los $17 billones” (La República, 01/06/19).

Tan desastroso derrumbe del sistema de salud se evidencia aún más con las frecuentes investigaciones que tanto la Procuraduría como la Contraloría abren a funcionarios públicos por conductas inapropiadas en el desempeño de sus funciones (que les han acarreado vergonzosas suspensiones y destituciones, como sanciones pecuniarias y condenas de jueces penales), y a hospitales, por pagos irregulares en servicios de salud que no habrían sido contratados (El Nuevo Siglo, 18/06/19), o por sobrecostos en suministros de medicamentos, dotaciones y obras del sector público hospitalario. Estos delitos han sido señalados como “los carteles” de la salud, identificados con nombres de patologías: el de la hemofilia, el del VIH, el de las enfermedades mentales; o de procedimientos médicos: cirugías por accidentes de tránsito que nunca ocurrieron, intervenciones odontológicas en pacientes inexistentes, etc.

El defensor del Pueblo presentó el 9 de julio el informe anual de tutelas por la violación al derecho fundamental a la salud, y concluyó que “cada 34 segundos” se interpone este recurso. Agregó que “son las EPS las entidades que más demandas registran por presuntas violaciones a derechos fundamentales”. En mi columna anterior, “Modalidades de la corrupción en la salud”, mencioné el incremento de las tutelas como un signo patognomónico de la corrupción en el sector.

El Tiempo dedicó su editorial al día siguiente al informe de la Defensoría: “Tutelas que crecen”, señalando que el incremento que se registra año tras año “parece no importarle a nadie”. Añadió: “Son números escandalosos para los conocedores, pero que para la mayoría de los colombianos ya forman parte del paisaje, no les dicen nada”. Los medios de comunicación y los columnistas tenemos la responsabilidad de presentar puntos de reflexión sobre las implicaciones del informe de la Defensoría, que contribuyan a la información para las decisiones gubernamentales, legislativas y judiciales sobre la salud de los colombianos y para la concientización de la sociedad civil sobre la corrupción que afecta al sistema de salud.

En estas cuartillas se ha afirmado que los delitos contra la salud, que obligan a los ciudadanos a interponer el recurso de la tutela, son la consecuencia del error original de la Ley 100: volver negocio rentable un derecho fundamental: “El medio es el paciente, el fin es el lucro”.

Si el ministro de Salud no fuera médico, su comentario sobre el informe de la Defensoría sería el de un burócrata alineado con la defensa del aseguramiento comercial. Afirmar que el número de tutelas es reducido frente a los guarismos de los servicios prestados denota que la vida de los tutelantes es igualmente insignificante. Señor ministro: la lectura correcta es que el sistema está irremediablemente fracasado y debe ser cambiado, sin temor y con prisa.

Parche: si algún político ha testimoniado su lucha contra la corrupción es Carlos Fernando Galán, quien renunció a la Dirección de Cambio Radical, comprometiendo su carrera parlamentaria. Es el mejor candidato a la Alcaldía de Bogotá.