Por: Adolfo León Atehortúa Cruz

Las universidades públicas en peligro

Desde el año pasado, en diversas columnas escritas para este diario, en textos publicados por diferentes medios virtuales y en papel, o en entrevistas concedidas a prensa, radio y programas de televisión, hemos advertido acerca del peligro que se cierne sobre las universidades estatales para el año 2019. Una y otra vez hemos repetido, hasta la saciedad, que sus dificultades presupuestales pueden afectar el pago ya menguado de sus nóminas y generar su parálisis incluso a finales de 2018. Hoy lo hacemos de nuevo, por enésima vez.

Como es sabido, gracias a la gestión adelantada por rectores y vicerrectores de algunas universidades públicas, entre los cuales me incluyo con modestia, se obtuvo en el Congreso de la República la disposición de dichos entes estatales como receptores de nuevos recursos creados por la reforma tributaria. Entre lo obtenido, cabe señalar los recursos provenientes del IVA social, los procedentes del impuesto a la renta y complementarios, y los recursos correspondientes a la renta de las cooperativas.

No obstante, como se denunció en su momento, aquello que estaba destinado a las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales sufrió un rapto enorme con una frase lapidaria: los recursos podrían destinarse, también, para atender “programas de becas y créditos que se administran a través del Icetex” y, de esta manera, el porcentaje del recaudo del impuesto a las ventas que esperaba recibirse con la transferencia de recursos obtuvo una distribución cuantiosa y favorable para dichos programas, pero exigua o ninguna para las IES oficiales.  

La más lamentable situación se produjo por cuenta de la distribución otorgada al impuesto sobre la renta y complementarios, antiguo impuesto para la equidad CREE, ordenada por el artículo 102 de la Ley 1819 de 2016 o reforma tributaria. Como se ha dicho, el 100% de la porción correspondiente al CREE fue entregado hasta el año 2015 a las universidades estatales. Sin embargo, en 2016, el 53,6% de ese total fue directo a los Créditos Beca Icetex, Programa Ser Pilo Paga que, en 2017, recibió el 66,9% de lo recaudado y que en 2018 recibirá el 87,3% equivalente a $784.955 millones de pesos, mientras las IES del Estado solo recibirán $100.000 millones, destinados a última hora para ellas en el presupuesto 2018, gracias a sus movilizaciones en septiembre y octubre de 2017.

Para el año 2019, tal como se ha anunciado, las IES no recibirán ningún aporte por este concepto. De modo que, mientras en 2014 recibían $391.717 millones, en un descenso vertiginoso llegarán a recibir $0 en 2019, como si no existieran.

La situación no es desconocida para el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Aunque inicialmente se negó el apremio y la realidad de la crisis, se ha trabajado luego en dos alternativas: la elaboración de una política Conpes que plantee soluciones estructurales para la financiación de la educación superior pública, y la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que rigen los presupuestos para funcionamiento e inversión de las IES públicas.

En efecto, tras meses de discusión con el Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), el MEN configuró una propuesta que reconoce la crítica situación de las IES y les otorga un incremento de 1,76 puntos porcentuales reales a su base presupuestal cada año, por encima del IPC, más 2,46 puntos porcentuales, también a la base, distribuidos de acuerdo con un esquema de bolsa concursable por desempeño de indicadores. Igualmente, para sustituir lo que las IES recibían por el antiguo CREE, y sin suprimir lo que reciben por el incremento real del producto interno bruto, la propuesta concibe destinar a partir del año 2019 y hasta 2025 un 10 % adicional por los aportes girados al presupuesto del MEN para el funcionamiento de las IES, dirigido al desarrollo de sus capacidades de inversión.

No obstante, entregada la propuesta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su presentación y trámite en el Congreso de la República, todo parece indicar que pasó a dormir el sueño de los justos sin que se ofrezca alternativa alguna y sin que el responsable de dicha cartera se exprese ante la inminencia de la crisis o conceda siquiera una entrevista al Consejo de Rectores.

A la fecha, tampoco ha sido concretada la política Conpes, que puede convertirse en un auténtico “himno a la bandera”, y no se ha reglamentado lo establecido por el artículo 142 de la reforma tributaria, el cual instituía en su parágrafo II que el recaudo de la tributación sobre la renta de las cooperativas, que corresponde al 20% de sus beneficios netos o excedentes, se destinaría en forma gradual a la financiación de la educación superior pública.

En estas condiciones, para las universidades estatales las dificultades se convierten en acuciosas y el peligro en inminente. La propuesta de modificar el Decreto 1279 de 2002, que establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales y que el MEN plantea ahora, debe asumir como tarea principal y justa la formalización laboral de los mal llamados profesores ocasionales y, en este sentido, la decisión debe acompañarse con los recursos necesarios para dicho reconocimiento o, por el contrario, si grava aún más a las universidades sin ampliar su presupuesto, se convertiría en santo óleo para preparar su defunción.

¿El Gobierno Nacional actual asumirá con ahínco la tarea de salvar a las IES estatales con la celeridad con que logró la aprobación de la ley de financiación contingente al ingreso para créditos del Icetex, que fortalecen la subvención de la demanda en instituciones no oficiales? ¿O correrá con el inri de una crónica anunciada al estilo macondiano? Lo afirmo categóricamente: las transferencias que la nación gira hoy a las universidades públicas no alcanzan siquiera para cubrir sus nóminas. ¿Y los demás gastos? En lugar de propiciar la gratuidad, ¿se orientará duplicar el costo de las matrículas?

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

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