Un sinsabor me dejó el editorial de El Espectador, del pasado 29 de agosto, referida a la crisis democrática y económica que indiscutiblemente afronta Venezuela, y las repercusiones de dicha crisis en los sistemas de integración regional.
Por Cielo E. Rusinque Urrego*
Si bien es cierto que los sistemas de integración regional están llamados —entre otras cosas— a ejercer vigilancia sobre la vigencia de las instituciones democráticas de sus países miembros, esta vigilancia debe ser respetuosa de la soberanía de los estados y del derecho comunitario. En esta medida, de ser necesario imponer algún tipo de sanción, se deben cumplir los procedimientos establecidos para este efecto.
El respeto de los límites jurídicos y la asunción de la vocación de los organismos de integración regional (consistente tanto en promover vínculos de cooperación y solidaridad como en evitar conflictos entre sus estados miembros) explica que organismos como la Unasur, e incluso la OEA —a pesar de la voluntad de su secretario general—, hayan optado por agotar ante todo medidas de intermediación diplomática. Esto a la espera de que el pueblo venezolano sea quien soberanamente —como lo está haciendo en este momento— logre por las vías democráticas un cambio de gobierno.
No ha sido el caso en el Mercosur, y la crisis en la que se encuentra dicho organismo mal puede ser atribuida a Venezuela. Es el rechazo de la presidencia pro témpore ejercida por dicho Estado, desde el pasado 31 de julio, por parte de Argentina, Brasil y Paraguay, hecho de manera tácita y sin respetar los procedimientos establecidos en el derecho comunitario para el efecto, la causa de la crisis actual. Una crisis que perjudica la estabilidad de este sistema de integración y que afecta su credibilidad de cara a la comunidad internacional, en momentos en que se adelantan negociaciones cruciales para la región y en los que está demostrado que sólo la unión de los estados en este tipo de instancias regionales “hace la fuerza”.
El editorial referido constituye una visión sesgada que no se compadece de la realidad política regional. Atribuye responsabilidades con pocos fundamentos: 1. De la dificultad para consolidar los sistemas de integración regional en América Latina a la crisis interna de Venezuela; 2. De la ineficiencia de la Unasur a su secretario general, por haber cumplido con la función de mediador, propia de su cargo. Lo anterior mientras se aplaude la labor adelantada por el secretario de la OEA, sin reconocer que éste último no ha contado hasta el momento con las mayorías necesarias para imponer la cláusula democrática a Venezuela. Y, lo que es más grave, el editorial pasa por alto la fragilidad democrática por la que atraviesa Brasil, “líder natural del Mercosur”.
La sumisión a los vaivenes políticos, el incumplimiento a los mínimos procedimientos jurídicos y la dificultad para garantizar el cumplimiento de los acuerdos regionales establecidos son los principales obstáculos para la consolidación de una integración regional capaz de responder a los desafíos del mundo globalizado. La fragmentación regional está lejos de ser atribuible únicamente al gobierno actual de Venezuela.
* Constitucionalista y máster en estudios políticos de la Universidad Paris II-Panthéon Assas.
Un sinsabor me dejó el editorial de El Espectador, del pasado 29 de agosto, referida a la crisis democrática y económica que indiscutiblemente afronta Venezuela, y las repercusiones de dicha crisis en los sistemas de integración regional.
Por Cielo E. Rusinque Urrego*
Si bien es cierto que los sistemas de integración regional están llamados —entre otras cosas— a ejercer vigilancia sobre la vigencia de las instituciones democráticas de sus países miembros, esta vigilancia debe ser respetuosa de la soberanía de los estados y del derecho comunitario. En esta medida, de ser necesario imponer algún tipo de sanción, se deben cumplir los procedimientos establecidos para este efecto.
El respeto de los límites jurídicos y la asunción de la vocación de los organismos de integración regional (consistente tanto en promover vínculos de cooperación y solidaridad como en evitar conflictos entre sus estados miembros) explica que organismos como la Unasur, e incluso la OEA —a pesar de la voluntad de su secretario general—, hayan optado por agotar ante todo medidas de intermediación diplomática. Esto a la espera de que el pueblo venezolano sea quien soberanamente —como lo está haciendo en este momento— logre por las vías democráticas un cambio de gobierno.
No ha sido el caso en el Mercosur, y la crisis en la que se encuentra dicho organismo mal puede ser atribuida a Venezuela. Es el rechazo de la presidencia pro témpore ejercida por dicho Estado, desde el pasado 31 de julio, por parte de Argentina, Brasil y Paraguay, hecho de manera tácita y sin respetar los procedimientos establecidos en el derecho comunitario para el efecto, la causa de la crisis actual. Una crisis que perjudica la estabilidad de este sistema de integración y que afecta su credibilidad de cara a la comunidad internacional, en momentos en que se adelantan negociaciones cruciales para la región y en los que está demostrado que sólo la unión de los estados en este tipo de instancias regionales “hace la fuerza”.
El editorial referido constituye una visión sesgada que no se compadece de la realidad política regional. Atribuye responsabilidades con pocos fundamentos: 1. De la dificultad para consolidar los sistemas de integración regional en América Latina a la crisis interna de Venezuela; 2. De la ineficiencia de la Unasur a su secretario general, por haber cumplido con la función de mediador, propia de su cargo. Lo anterior mientras se aplaude la labor adelantada por el secretario de la OEA, sin reconocer que éste último no ha contado hasta el momento con las mayorías necesarias para imponer la cláusula democrática a Venezuela. Y, lo que es más grave, el editorial pasa por alto la fragilidad democrática por la que atraviesa Brasil, “líder natural del Mercosur”.
La sumisión a los vaivenes políticos, el incumplimiento a los mínimos procedimientos jurídicos y la dificultad para garantizar el cumplimiento de los acuerdos regionales establecidos son los principales obstáculos para la consolidación de una integración regional capaz de responder a los desafíos del mundo globalizado. La fragmentación regional está lejos de ser atribuible únicamente al gobierno actual de Venezuela.
* Constitucionalista y máster en estudios políticos de la Universidad Paris II-Panthéon Assas.