Autonomía estratégica no es aislamiento

"La pertenencia a instituciones multilaterales debe analizarse a partir de principios como la complementariedad": Juan David Escobar Cubides.

Foto: Cancillería

En respuesta al editorial del 23 de agosto de 2026, titulado “Un viraje radical en política exterior que nos aísla”.

El editorial del 23 de agosto de El Espectador, titulado “Un viraje radical en política exterior que nos aísla”, plantea una preocupación legítima: la política exterior colombiana no debería quedar subordinada a preferencias personales, coyunturas electorales ni alineamientos automáticos. Sin embargo, su conclusión parece descansar sobre una premisa discutible: que apartarse de determinados consensos diplomáticos equivale necesariamente a aislarse internacionalmente. Esa equivalencia requiere una evaluación más rigurosa.

Una política exterior responsable no puede medirse exclusivamente por su cercanía con el multilateralismo tradicional. También debe evaluarse por su capacidad para proteger los intereses nacionales, ampliar los márgenes de maniobra del Estado y construir relaciones funcionales con las principales potencias y actores internacionales. Colombia mantiene una profunda interdependencia económica, migratoria y estratégica con Estados Unidos. En ese contexto, fortalecer la relación bilateral con Washington no constituye, por sí mismo, una renuncia a la autonomía diplomática.

El caso de Israel y los Altos del Golán merece, ciertamente, una discusión jurídica seria. La posición predominante de Naciones Unidas considera inválida la anexión israelí del territorio sirio ocupado. Apartarse de esa posición puede ser objeto de legítima crítica diplomática. Sin embargo, de esa constatación no se desprende automáticamente que Colombia haya perdido su autonomía ni que la decisión produzca aislamiento. Para sostener semejante conclusión sería necesario demostrar sus consecuencias concretas sobre las relaciones de Colombia con otros Estados, organismos internacionales y socios estratégicos.

Algo similar ocurre con la Corte Penal Internacional. La pertenencia a instituciones multilaterales debe analizarse a partir de principios como la complementariedad, la soberanía estatal, la eficacia institucional y la protección de los derechos de las víctimas. Una eventual modificación de la relación de Colombia con la Corte puede y debe ser debatida críticamente, pero no debería convertirse, sin mayor evidencia, en prueba de una subordinación automática a una potencia extranjera.

El punto central es conceptual: multilateralismo no equivale a alineamiento, y alineamiento no equivale necesariamente a dependencia. Un Estado puede participar activamente en instituciones multilaterales y, al mismo tiempo, fortalecer alianzas bilaterales. Puede mantener una relación estratégica con Washington y conservar posiciones propias en Naciones Unidas, América Latina y otros espacios diplomáticos.

Además, la autonomía no debe confundirse con equidistancia. La política exterior de un Estado soberano no consiste en mantener idéntica distancia frente a todos los actores, sino en disponer de suficientes alternativas para negociar desde una posición de mayor capacidad. La verdadera autonomía estratégica se construye diversificando relaciones, no necesariamente debilitando las alianzas existentes.

La evaluación definitiva de esta política exterior tampoco debería depender de su afinidad o discrepancia con Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Javier Milei, Gustavo Petro o cualquier otro dirigente. El criterio fundamental debe ser su capacidad para producir resultados verificables para Colombia: seguridad, inversión, comercio, cooperación tecnológica, acceso a mercados, fortalecimiento institucional y mayor capacidad de negociación internacional.

Por ello, el nuevo rumbo merece vigilancia crítica, pero resulta prematuro concluir que Colombia está aislándose. No han transcurrido ni cien días de Gobierno. Previo a formular ese diagnóstico, sería necesario demostrar qué relaciones se han deteriorado, qué costos concretos ha asumido el país, qué beneficios ha obtenido y qué alternativas diplomáticas ha perdido.

Sin esa evidencia, diagnosticar un “aislamiento” corre el riesgo de ser más una valoración política que una conclusión analítica. El debate colombiano necesita menos etiquetas y más evaluación empírica de resultados. La política exterior debe juzgarse, finalmente, no por su distancia respecto de una determinada corriente ideológica, sino por su capacidad para defender, con acciones, principios y pragmatismo, los intereses permanentes de Colombia.

@JuanDaEscobarC