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En respuesta al editorial del 22 de noviembre de 2025, titulado “Las reglas protegen la autonomía universitaria”
Conviene que la opinión nacional tenga presente que la mayoría a la que apelan las personas que apoyan al exrector Leopoldo Múnera es apenas una tercera parte de la comunidad universitaria que votó en la consulta. Esta tercera parte es, en realidad, un porcentaje que combina los votos de profesores, estudiantes y egresados. Por tanto, es impreciso afirmar que “Múnera era el candidato predilecto de la comunidad universitaria”, como lo indica el editorial del 22 de noviembre.
El editorial también afirma que “las normas existen precisamente para evitar indebidas injerencias”. Valdría la pena subrayar que las normas pueden cumplir ese cometido cuando son aceptadas. El asunto a considerar es que tenemos una comunidad universitaria en la cual un importante sector, el que apoya a Múnera, solo está dispuesto a aceptar las decisiones cuando están en conformidad con sus preferencias. Cuando no lo están, las rechazan en nombre de una supuesta defensa de la autonomía universitaria, como si esta significara que la Universidad Nacional es un cuerpo soberano que se manifiesta a través de sus asambleas, que es quien hace el derecho y, por lo tanto, puede hacerlo y deshacerlo según su voluntad.
Cabe agregar que la aceptación de las reglas está mediada por la aceptación de quien las interpreta y aplica. Un problema que afecta de manera persistente y grave esa aceptación es la percepción de que la justicia cumple su papel de manera sesgada, en contra de quienes dicen luchar por la democratización de la Universidad Nacional. Dejando a un lado su particular concepción de la democracia universitaria —que llevaría a que la vida académica se subordine a las contiendas políticas—, es muy preocupante que haya un buen número de profesores, estudiantes y trabajadores que sostengan la tesis de que hay una “guerra jurídica” contra la Universidad Nacional. Con esa tesis han enardecido los ánimos de un sector de la comunidad para que, dado el caso, se lance nuevamente a un paro que afectaría profundamente las actividades de docencia, investigación y extensión de la Universidad.
Estas ideas, tan perniciosas para la Universidad y para el país, no habrían tenido tanto eco si abogados columnistas de este periódico no hubieran hecho tanto énfasis en las críticas a la designación del profesor José Ismael Peña y tan poco en el respeto a los canales institucionales. En este y en otros medios de comunicación, Rodrigo Uprimny señaló aspectos cuestionables de esa designación, como el cambio de la calificación de los candidatos evaluados por parte de algunos miembros del Consejo Superior de la Universidad. No obstante, no subrayó del mismo modo que el remedio ante esta situación tendría que buscarse no mediante paros, sino mediante acciones ante la justicia. Además, en todo este tiempo ha guardado un cuestionable silencio ante el discurso enconado contra el Consejo de Estado. Así las cosas, es muy difícil que haya voluntad para aceptar las reglas en una comunidad que recibe señales tan equívocas.
* Abogado y doctor en ciencia política; profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia.
Por Juan Gabriel Gómez Albarello
