El aguardiente necesita libre competencia

"La libre competencia, protegida por la Corte Constitucional, permitirá aumentar los ingresos destinados a los sistemas de salud en los departamentos": Jorge Uriel Cardona Betancur.

Foto: El Espectador - José Vargas

En respuesta al editorial del 8 de febrero de 2025, titulado “El consumidor de ‘guaro’ no tiene la culpa esta vez”.

El editorial contiene una falacia que es necesario advertir para no perpetuar el falso argumento de que la caída del monopolio implicará la reducción de los ingresos destinados a los sistemas de salud en los departamentos. Por el contrario, la libre competencia, protegida por la Corte Constitucional, permitirá aumentar dichos recursos de las siguientes maneras:

1. La salvaguarda autorizada por el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que promovía el monopolio en los departamentos y que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, tenía como propósito proteger el aguardiente local mediante una medida aplicada por el gobierno departamental, propietario de su licorera.

2. Todos los aguardientes pagan el mismo impuesto al consumo, independientemente de si el producto proviene del mismo departamento. La diferencia es que, cuando el aguardiente es producido por la industria departamental, genera un ingreso adicional derivado de la utilidad del ejercicio empresarial, que no tiene relación con el impuesto en sí. Este ingreso también va a parar a las arcas del departamento, pero a título de rendimientos, no de impuestos.

3. No todos los departamentos tienen su propia industria licorera; sin embargo, departamentos como Risaralda, Bolívar y Córdoba, que no cuentan con una, reciben altas sumas de dinero por concepto de impuestos al consumo de aguardientes fabricados en otros departamentos.

4. Departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, defensores del monopolio, han dejado de recibir impuestos derivados del consumo de aguardientes producidos en otros departamentos debido al contrabando. Un ejemplo es Bogotá, donde se conseguía aguardiente amarillo de Manzanares sin autorización de venta, pero con estampillas de departamentos limítrofes como Meta, Tolima y Caldas. De manera similar, en el Valle del Cauca se comercializaba aguardiente amarillo de Manzanares con estampilla del Departamento de Risaralda.

5. La eliminación de la salvaguarda que promovía el monopolio contribuirá a reducir la adulteración de aguardientes, ya que el mercado negro se alimentaba de la demanda de un producto prohibido. Cuando un productor ilegal sabe que existe una alta demanda insatisfecha, la imitación y falsificación se convierten en una actividad rentable.

6. Consultar los ingresos por impuestos recibidos por el consumo de aguardientes, sin importar qué empresa licorera los produzca, permitiría corregir la falacia planteada en el editorial.

En consecuencia, la medida alteraba el recaudo de impuestos y su declaratoria de inconstitucionalidad, en contra de lo que plantea el editorial, podría en realidad incrementar el impuesto al consumo en todos los departamentos donde se comercializa aguardiente.

Otra discusión aparte es que las industrias de licores se sientan amenazadas por la mayor diversidad de aguardientes en el mercado. Sin embargo, esa es precisamente la virtud de la competencia: solo los mejores sobrevivirán. Así funciona el mercado, y ninguna autoridad debía intervenir para desnaturalizarlo.