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El clásico que fabrica el árbitro: la fusión Tigo–Movistar puede ser una mala apuesta

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Juan Pablo López-Pérez
15 de diciembre de 2025 - 05:00 a. m.
"El editorial parte de un diagnóstico cierto (el mercado venía mal), pero llega a una conclusión discutible: la mejor forma de enfrentar a un dominante es fabricar otro": Juan Pablo López-Pérez
"El editorial parte de un diagnóstico cierto (el mercado venía mal), pero llega a una conclusión discutible: la mejor forma de enfrentar a un dominante es fabricar otro": Juan Pablo López-Pérez
Foto: Archivo particular
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En respuesta al editorial del 21 de noviembre de 2025, titulado “Una fusión necesaria si se cumplen condiciones”.

Piense en una liga de fútbol donde un equipo gana casi todo. En vez de limitar su poder para que más clubes puedan competir, la organización decide autorizar que el segundo y el tercero se fusionen para “darle pelea al líder”. A partir de ahí, el primer y el segundo puesto quedan casi siempre entre esos dos gigantes y el resto de equipos se resigna a pelear por no descender. El torneo parece emocionante, pero la competencia real se achica.

Algo muy parecido ocurre con la integración Tigo–Movistar. Antes de la operación, el mercado colombiano de comunicaciones móviles ya estaba concentrado: un operador con poder estructural, dos jugadores medianos que luchaban por seguir siendo viables y un puñado de actores pequeños tratando de no ser expulsados de la “liga”. La decisión de la SIC no abrió espacio para nuevos equipos, sino que autorizó que dos de esos “grandes” se vuelvan un equipo de tamaño comparable al líder. En lugar de corregir un desequilibrio, consolida otro: dos top arriba, todos los demás en las orillas.

El editorial parte de un diagnóstico cierto (el mercado venía mal), pero llega a una conclusión discutible: la mejor forma de enfrentar a un dominante es fabricar otro. Ese enfoque confunde el rol del control de integraciones con el de la política pública. Las reglas de fusión no están pensadas para remediar décadas de decisiones problemáticas sobre regulación sectorial. Su función es otra: responder si una operación específica reduce o no la competencia actual y potencial.

La respuesta no debería construirse con discursos sobre “equilibrar la cancha”, sino con un análisis riguroso de concentración y barreras de entrada. Esto empeora cuando no todo es telefonía móvil: esta operación puede configurar posiciones casi exclusivas en ciertos modelos de negocio, sin que se haya visto el uso de remedios estructurales que la propia SIC ha exigido en otros casos, como la venta de unidades de negocio o desinversiones efectivas. Los condicionamientos impuestos operan como paliativos conductuales frente a un cambio estructural de largo plazo.

Si el problema está en unas reglas de juego que asfixian a ciertos actores o hacen inviable la entrada y permanencia de nuevos, la respuesta no puede ser que la crisis se resuelva permitiendo que los que ya están se vuelvan todavía más grandes, incluso a costa de reducir las opciones de elección de los consumidores.

Confundir el análisis de una operación de integración con una sala de urgencias para remendar fallas crónicas de política pública es, a mi juicio, un grave error. Los efectos de esta decisión no se verán de inmediato, pero a largo plazo serán el verdadero examen de si esta apuesta sirvió para fortalecer la competencia o para empobrecerla en nombre de protegerla.

Más que un triunfo para la competencia, la decisión puede consolidar un campeonato con dos “equipos top” y muchos equipos de relleno: un modelo en el que el clásico está garantizado, pero la liga (en este caso, el mercado de las telecomunicaciones) pierde la sorpresa.

* Profesor Universidad del Rosario - Exdirector de Investigaciones Protección al Consumidor SIC.

Por Juan Pablo López-Pérez

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