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En respuesta al editorial del 2 de enero de 2026, titulado “El debate engañoso sobre el mínimo”.
El debate sobre el incremento del salario mínimo no acabará hasta que termine el período presidencial. Y, lo más preocupante de todo, es que no se enfrenta con objetividad. Infortunadamente, desde mi punto de vista, este editorial hace parte de esos ataques soterrados que no aportan argumentos sólidos a la discusión del tema. El titular, “Debate engañoso”, podría presagiar un análisis equilibrado de las diferentes posiciones que se han esbozado al respecto y que, además, han sido solo dos.
Desde la segunda frase —“…un golpe en la mesa por parte del gobierno de Gustavo Petro, que decidió radicalizarse para salvar sus aspiraciones electorales en 2026…”— ya hay un juicio que invalida la acción tomada por el gobierno. Es la narrativa común. Más adelante se termina de descalificar al presidente al decir: “…el mandatario y su equipo se dedicaron a estigmatizar, ofender y burlarse de sus voces críticas…”, dando a entender que no hay sustento ni argumentos posibles para justificar, por lo menos, el incremento.
Al introducir el otro punto de vista, no hay ninguna calificación de quienes tienen una postura diferente a la del presidente. Y así debería ser para ambos lados, sin calificativos. Finalmente, se “confrontan” (lo pongo entre comillas porque no se hace) las dos posturas hablando solo de la del gobierno y pronosticando lo peor. Hay una validación tácita de lo que dicen los opositores.
Los últimos párrafos buscan entender la necesidad del incremento, pero no se menciona lo que soporta esa decisión e, incluso, se la denomina “…visión alternativa de la teoría económica”, lo que permite inferir supuestos errores conceptuales y desconocimiento de la economía.
Salirse del debate político es difícil, más aún en estos momentos, donde hay un efecto electoral que contamina la noción de sensatez. La discusión, que podría ser académica si se quiere, debe despojarse de ideología y, sobre todo, de calificativos descalificadores.
En una sociedad madura, con un legislativo estudioso y riguroso, el debate debería poder ampliarse y no esperar a que se llegue a estos actos finales para lamentarse. Por ejemplo, se puede discutir ampliamente sobre lo que es el salario vital y sobre lo que podría ser un salario máximo. También se pueden discutir otros costos más onerosos para las empresas, como los aportes a las cajas de compensación, que hoy ya no tienen sentido para los empleados de las empresas aportantes.
El debate, en conclusión, debe ser amplio y trascender lo circunstancial e inmediato: sin populismo, pero también sin prepotencia académica. Y, fundamentalmente, lo que se debe controvertir es lo que se dice, no a quien lo dice. Le invito, señor director, a que relea su editorial descartando los calificativos y evalúe qué queda: nada que aporte a la comprensión de las dos posturas.
Por Alberto Marroquín
