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En respuesta al editorial del 10 de mayo de 2026, titulado “Un Congreso dedicado a obstruir afecta la democracia”.
No pudo ser más desatinado el editorial del domingo 10 de mayo que El Espectador tituló “Un Congreso dedicado a obstruir afecta la democracia”. Y digo desatinado porque justo a este Congreso le debemos que el gobierno Petro no hubiera, hasta el momento, incurrido en más desmanes atentatorios contra la separación de poderes, solo por mencionar algo. Ha sido tan larga la lista de salidas en falso, que no hay memoria humana capaz de tenerlas frescas para argumentar de manera completa un antieditorial como el que estoy proponiendo.
Nos queda claro a la mayoría de los colombianos que Gustavo Petro y algunos de sus áulicos han pretendido —y lo seguirán haciendo hasta el 7 de agosto— acabar con las instituciones y con los programas sociales. La salud ya sabemos cómo va, y ni qué pensar o esperar del sistema pensional, que a muchos nos llena de temor al imaginar que podríamos llegar a la vejez sin un soporte económico para terminar nuestra pasantía por la tierra. La seguridad, como siempre, pero más aún en este gobierno, sí que merece capítulo aparte.
Esto es apenas una muestra del desastre que dejará la arrogancia de quien lo único que ha pretendido es ser reconocido como el “ombligo de la historia” del país: el antes y el después, como si lo que se hizo durante los doscientos años anteriores —con errores, claro está— no tuviera mérito para continuar y mejorar.
No, señores de El Espectador: no es el Congreso el que se atrincheró para convertirse en obstáculo de las iniciativas del gobierno. Este Congreso —sobre todo el que presidieron Iván Name, Efraín Cepeda y, ahora mismo, Lidio García— fue el verdadero muro de contención para tener “algo que rescatar” del país a partir del momento en que elijamos y posesionemos un nuevo gobierno. Vale recordar que, cuando Roy Barreras y Alexander López presidieron, al gobierno no le fue mal. De entrada, hasta una reforma tributaria le aprobó el Congreso, a sabiendas de que otra reforma de ese género, en el gobierno de Iván Duque, fue el combustible para aquel estallido social tan macabro que terminó siendo plataforma política para que la izquierda de Petro llegara al poder.
Sea esta la oportunidad —si El Espectador le da crédito y publica este escrito— de agradecer al injustamente fustigado Congreso por haber reforzado sus líneas o, como se dice coloquialmente, “marcado territorio” para hacer valer sus decisiones. De no haber sido así, ya el ministro Benedetti estaría, planilla en mano, controlando la asistencia de los parlamentarios y dando instrucciones para destituciones. Estuvimos a nada de que eso pasara la semana antepasada.
Al Congreso sí hay algo que tacharle: la funesta Comisión de Acusaciones… o de “Apelaciones”, como sarcásticamente muchos la llamamos. Da risa cuando a esa instancia llegan casos para investigar y, de pronto, sancionar. “¿De qué sirve un Congreso estancado e incapaz de conciliar?”, pregunta El Espectador en su editorial. Yo pregunto: ¿de qué sirve o qué importante ha hecho la Comisión de Acusaciones? Esa platica se perdió, dicen en mi pueblo.
Adelante, Congreso; adelante, altas cortes; adelante, Banco de la República. Hasta ahora estamos valorando estas instituciones. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, decimos a cada rato, y hemos estado a punto de perderlo todo con este gobierno. Amárrense los pantalones, que ya casi cesa la horrible noche.