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En respuesta al editorial del 23 de marzo de 2025, titulado “El fuego retórico del presidente Petro ha superado lo tolerable”.
El Espectador acusa al presidente de “tildar de ‘nazi’ a todo el que se le oponga y desafiar el equilibrio de poderes con sus sugerencias de corte autoritario no es el actuar de un presidente que respete la democracia”. Tiene razón. Pero, en Colombia, el régimen casi siempre ha sido antidemocrático.
Por costumbre, la mayoría de los colombianos se abstiene, vota en blanco o escoge el “mal menor”. Así, su obsoleta república, tan fallida como absurda, se limita a representar élites. Debería identificársela como Uroboros, porque dicha denominación alberga la palabra clave “robo”, y la serpiente que se muerde la cola simboliza la canibalización y el continuismo.
Los índices que evalúan libertades democráticas y económicas —v. gr. Freedom y Heritage— ignoran cómo el nepotismo mercantil, el neoliberalismo financiero y el imperialismo tecnológico defraudaron el contrato social, implantando trucos estadísticos, neutralizando contrapesos y cooptando elecciones.
Colombia comparte raíz etimológica con “colonizada”. No hay independencia de poderes, sino un “Partido Aristócrata” que conquistó al Estado traficando influencias. Imitando los “ministerios” de la distopía 1984, la rama Ejecutiva —Min. Autonomía— es codependiente y requiere la aprobación de los demás órganos. Procurando complacerlos, concede auxilios parlamentarios o convoca ferias “contractuales”. Alternativamente, intenta superar los bloqueos desafiando a los oportunistas mediante consultas populistas o imponiendo decretos que extralimitan sus facultades.
La Legislativa —Min. Concertación— extorsiona a todos los poderes. Deliberadamente, comisiones de oficialistas y opositores se reparten las cuotas que les corresponden y celebran conciertos para delinquir. En la Judicial —Min. Imparcialidad—, los “Carteles de la Toga” emiten fallos desconcertantes, que mantienen impune la arbitrariedad estatalizada y protegen al statu quo.
Los controles —Min. Integridad— refuerzan, con su silencio administrativo positivo, la hipocresía, conformidad o transigencia que normalizan el clientelismo. La Electoral —Min. Sostenibilidad— recicla tarjetones y reproduce condicionamientos: avales clientelistas, encuestas tendenciosas y sufragios regateados.
El BanRep —Min. Interés General— ostenta sectarismo ideológico y permanece aislado de la realidad ciudadana. Subsidia a los usureros y nunca patrocina la inversión en bienes comunes: salud, vivienda y educación. La DIAN —Min. Redistribución— quiebra empresas, incentiva la elusión y facilita la evasión, además del contrabando. Finalmente, el Mercado —Min. Libre Competencia— es desleal y oligopólico.
En este entramado, los principios y derechos promulgados por la Constitución fueron tácitamente derogados y, paradójicamente, el libertarismo emergente promete minimizar la costosa burocracia, la volatilidad política, la incertidumbre jurídica y la ambigüedad legislativa.
En lugar de tanta complicidad, Colombia necesita una matriz de relaciones complementarias, “interdependientes” y mutualistas, para empoderar a la ciudadanía. Solo así podrá derrocar esta versión contemporánea de 1984, donde la supuesta división de poderes enmascara conspiraciones y vendettas que atentan exclusivamente contra el soberano constituyente.
Su coacción nos condenó a una path dependency, donde los patrones legitiman la esclavitud, sistematizan el abuso y transversalizan la inequidad. Entonces, apostemos por el establecimiento de una “lotocracia”. Por supuesto, estos cuestionamientos y planteamientos siempre son desestimados, ridiculizados o censurados por los tecnócratas.
Por Germán Eduardo Vargas
