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En respuesta al editorial del 1 de mayo de 2025, titulado “Lo que no encara la consulta”.
El editorial del pasado primero de mayo reprocha que las reformas laborales llevadas a cabo en las últimas décadas pecan por cortoplacistas, a lo que habría que adicionarle la mayoría de las demás reformas que durante este mismo período también ha tramitado el Congreso de la República. Esa institucionalización de las mismas reformas en cada gobierno (tributaria, política, justicia, regalías, laboral, transferencias, etc.) solo se comprenden dentro de la perspectiva cuatrienal que exige, en nuestro medio, el funcionamiento del régimen político clientelista.
No obstante, al actual gobierno hay que abonarle el carácter progresista que le ha imprimido a sus reformas, atacando de fondo la concentración de la riqueza, la desigualdad y la exclusión social. Es un contraste frente al gatopardismo lampedusiano que ha reformado todo para que nada cambie.
Si bien la consulta popular se originó como una opción frente a la negación de los derechos de los trabajadores por parte de la Comisión Séptima del Senado, el editorial reclama que esta se debiese utilizar para resolver problemas de orden estructural como la informalidad y el desempleo. El editorial reconoce, de manera implícita, que la participación del constituyente primario es necesaria para reformar las viejas estructuras sociales, económicas y políticas, toda vez que no existe la voluntad política del Congreso para adelantar reformas de orden estructural.
La informalidad laboral del 56,8 % de los ocupados y el persistente desempleo de 2,5 millones de personas de la fuerza de trabajo son el resultado y la consecuencia de la colusión histórica de un modelo económico extractivista-excluyente y un régimen político clientelista, lo que de suyo ha conducido a la captura corporativa del Estado. Ello, desde luego, ha reproducido subdesarrollo caracterizado por la baja productividad de los trabajadores y las empresas, lo que a su vez se explica por el precario nivel educativo de la población y por la insignificante inversión en investigación y desarrollo tanto del sector público como del sector privado.
Ciertamente, quienes han hecho parte de los poderes públicos que conforman la institucionalidad del Estado en Colombia han sido inferiores al desafío que exige el desarrollo económico del país y el bienestar social de su población.
Al observar el Producto Interno Bruto de Colombia, desde el enfoque del ingreso, se tiene que, durante la última década y media, la remuneración de los asalariados ha sido el 33 % de ese producto, mientras que las ganancias de las empresas antes de impuestos han sido del 54,8 %. Entre tanto, en los países de la OCDE, la remuneración de los asalariados fue del 48,3 %, mientras que las ganancias fueron del 40 %. Esta distribución, entre otras razones, explican por qué en Colombia el coeficiente de Gini es del 0,548 %, mientras en países de la OCDE, en promedio, es del 0,311 %.
En este estado de cosas, nos corresponde a la sociedad civil resolver cómo nos industrializamos diversificando la economía y las exportaciones, para generar más empleo y eliminar la informalidad. La buena politización de la ciudadanía es un factor determinante.
Por Luis H. Barreto
