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En respuesta al editorial del 3 de junio de 2025, titulado “No, el presidente Petro no puede convocar la consulta por decreto”.
Hay que decirlo: Colombia sigue siendo, como lo sentenció Darío Echandía hace ochenta años, un país de cafres. El Senado de la República concentra hoy una cantidad anormal de esos especímenes faltos de modales, conocimientos y criterios para tratar los asuntos que afectan a la ciudadanía. Lo ocurrido con las reformas presentadas por el Ejecutivo desde 2022 y la reciente consulta popular demuestra que la estereotipada división tripartita de Montesquieu, aplicada al contexto colombiano, no funciona. En su lugar, los conflictos ideológicos marcan el camino de una democracia más nominal que real, como la que padece el país del Sagrado Corazón.
Frente a este panorama, la editorial publicada por El Espectador el 3 de junio adolece de justicia. Juzga de manera desequilibrada y negativa las tácticas a las que el Gobierno se ha visto obligado a recurrir, mientras un Legislativo —en un surrealista despliegue de desdén e irracionalidad— incumple sus funciones.
Preocupa que una perspectiva formalista —propia de una democracia liberal teórica, pero ajena a la práctica iliberal colombiana— condene al Ejecutivo con rigor, pero sea indulgente con un Legislativo desprestigiado por sus innumerables faltas. La emotividad, la mala fe y el abuso de falacias han caracterizado a la autodenominada “oposición inteligente” desde el inicio del gobierno Petro.
El escenario político desde 2022 encarna la falacia ad hominem: los legisladores actúan como si todo lo que hace el presidente fuera “maligno”. ¿Argumentos? No he visto uno solo. Solo insisten en su pasado insurgente, lo pintan como inmoral o lo presentan como quinta columna de fantasmas de la Guerra Fría. Es más fácil gritar “¡drogadicto!” que explicar con evidencias fácticas por qué reformar el sistema de salud es negativo, o citar datos que demuestren que mejorar salarios destruye empleos.
¿Qué podría ser más antidemocrático que difundir bulos sobre los mecanismos de participación ciudadana vigentes en la Constitución de 1991? ¿Las protestas basadas en la formalidad liberal expresan preocupaciones legítimas sobre extralimitaciones? ¿Qué hace de las actuaciones de los congresistas algo exento de críticas? A tales preguntas resulta difícil encontrar respuestas satisfactorias en un clima donde la única respuesta aceptable para los oídos de los opositores del actual gobierno es “culpa de Petro”.
La falta de quorum no cuenta como argumento. Tampoco las declaraciones estrafalarias en X o en los medios televisivos y radiales, ni mucho menos los insultos directos que los honorables parlamentarios dirigen al inquilino de la Casa de Nariño, creyendo estar emitiendo razonamientos finos y objetivos sobre problemas que no les interesa tratar, por la indolencia característica de quienes ganan mucho con poco esfuerzo, postureo mediático y escándalos diarios, usando y retorciendo la democracia representativa.
El filibusterismo de este Congreso es evidente para cualquier observador serio, pero no para el periodismo local. ¿Anteojeras ideológicas? ¿Ingenuidad? ¿Simple complicidad? Quién sabe.
Que el formalismo acartonado no oculte la lucha ideológica entre reformistas y reaccionarios que añoran la época de amos y esclavos. Esa pugna existe, y definirla es el primer paso para superar la farsa.
Por Erwin Sandoval
