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En respuesta al editorial del 4 de julio de 2026, titulado “Nombramientos por doquier”.
El editorial “Nombramientos por doquier” plantea una preocupación legítima sobre la forma en que los gobiernos realizan designaciones en la etapa final de su mandato. Sin embargo, atribuir el problema principalmente a la conducta del gobierno de turno puede llevar a una lectura incompleta de una cuestión que es, ante todo, estructural: la debilidad del sistema de carrera administrativa en Colombia.
En efecto, el debate sobre los nombramientos no puede reducirse a una discusión coyuntural sobre la oportunidad política de ciertas decisiones. El verdadero problema radica en la persistencia de un modelo de empleo público donde la regla general no es la estabilidad basada en el mérito, sino la coexistencia de múltiples formas de vinculación que permiten amplios márgenes de discrecionalidad administrativa.
En este contexto, los nombramientos en periodos de transición gubernamental no son una anomalía aislada, sino la expresión de un sistema que aún no ha logrado consolidar plenamente la carrera administrativa como eje estructurante del empleo público. La debilidad institucional de la meritocracia genera espacios en los que las decisiones de provisión de cargos pueden ser interpretadas como políticas, incluso cuando se enmarcan formalmente dentro de la legalidad.
El problema, por tanto, no se resuelve únicamente con llamados a la prudencia en los últimos días de gobierno. Si bien es deseable que las administraciones salientes privilegien criterios de estabilidad institucional, el debate de fondo debe dirigirse a fortalecer los mecanismos de ingreso, permanencia y ascenso basados en el mérito, reduciendo los márgenes de discrecionalidad en todos los niveles de la administración pública.
Adicionalmente, es importante reconocer que el Estado requiere continuidad funcional. La provisión de cargos no es, en sí misma, una irregularidad, sino una necesidad operativa de la administración pública. La cuestión central es si dichos nombramientos responden a procedimientos transparentes y a criterios objetivos definidos por el ordenamiento jurídico o si son percibidos como instrumentos de distribución política del aparato estatal.
En este sentido, el enfoque exclusivamente crítico hacia el gobierno de turno puede desviar la atención de un problema más profundo: la fragilidad institucional del sistema de servicio civil. Sin una carrera administrativa robusta, con controles efectivos y reglas claras de profesionalización, cualquier gobierno estará expuesto a cuestionamientos sobre la legitimidad de sus decisiones de personal, especialmente en momentos de transición.
Por ello, más que centrar el debate en la oportunidad política de los nombramientos, resulta más productivo fortalecer el diseño institucional que regula el empleo público. Esto implica consolidar sistemas de mérito más estrictos, reducir los espacios de provisionalidad y reforzar la independencia técnica de las entidades encargadas de la administración del servicio civil.
En última instancia, la discusión no debería limitarse a si un gobierno nombra mucho o poco en sus últimos días, sino a si el Estado colombiano ha logrado construir un sistema de empleo público suficientemente sólido como para que esos nombramientos no generen dudas recurrentes sobre su legitimidad.
Solo en la medida en que la carrera administrativa se consolide como regla y no como excepción, será posible reducir la tensión cíclica que acompaña cada transición de gobierno y fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública.
Por Matheo Dager De la Hoz
