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En respuesta al editorial del 6 de enero de 2025, titulado “Amenazar al presidente Petro es agredir a Colombia”.
Es la primera vez en mucho tiempo que no coincido con un editorial de esta casa. No estoy de acuerdo con que todos los ciudadanos deberíamos salir en defensa de este gobierno y cuestiono ese juicio. Y no por razones de diferencia política, sino por lo que esto encierra, porque creo que los axiomas en que se soporta son cuestionables, como cuestionable es la defensa de la desastrosa gestión de lo público que ha hecho este gobierno.
Si bien, en principio, una fuerza externa no puede vulnerar la autodeterminación de los pueblos, que en este caso se expresa en la dignidad de un presidente electo democráticamente, hace rato este país hace aguas en varios aspectos que también violan ese principio y que no solo nos afectan al común de los ciudadanos, sino que tienen implicaciones a nivel internacional.
El principal es el que tiene que ver con la incidencia del narcotráfico en las elecciones y el ingreso de dineros externos a las campañas. Lo que pasó con el caso legal del hijo del presidente y las declaraciones de “Mordisco” y del mismo Diosdado Cabello generan graves dudas que no han sido resueltas por la Presidencia y, antes bien, esta institución ha sembrado más suspicacias con las desafortunadas declaraciones de varios de los ministros y otros altos funcionarios.
En lo interno, esto último no solo constituye un acto de irresponsabilidad que afecta seriamente la imagen y credibilidad del gobierno, sino que genera polarización y no se compadece con los electores que nos sentimos traicionados por una opción que se presentaba como alternativa a este tipo de problemas.
Pero la irresponsabilidad y el folclorismo con que se ha manejado este tema no solo influyen en la percepción de corrupción a nivel interno, sino que tienen implicaciones en la imagen del país a nivel internacional, que pueden o no ser toleradas de acuerdo con el manejo de la diplomacia. Desafortunadamente, este manejo es aún más deficiente e incapaz de lo que ha sido la gestión de este gobierno en otros frentes, sin que se le dé la mayor importancia a la diplomacia y vulnerando incluso principios soberanos al inmiscuirse en la capital de EE. UU. en temas de su agenda doméstica e internacional y al hacer un llamamiento grosero a los oficiales de ese país para no obedecer a su presidente. Y esta irresponsabilidad cobra, como lo estamos viendo ahora.
De manera que no solo existen serios indicios de una violación de los topes de campaña, sino del ingreso de dineros de origen cuestionable, incluso externo, que siembran dudas sobre la legalidad de las elecciones.
¿Y esto no está separado de los mismos señalamientos de los implicados? ¿Cómo se explican entonces las grabaciones de Benedetti, donde aparece chantajeando y manipulando a todo el Gobierno Nacional, y las mismas declaraciones del hijo del presidente? ¿O el aumento de la producción de drogas, tan terriblemente gestionado desde las épocas del proceso de paz?
A esto se suma también el paulatino deterioro de la seguridad en varias zonas del país y las mismas declaraciones inconsistentes e incoherentes del presidente y de sus propios ministros, que, con la excusa de un proceso de paz, han gestionado tan desafortunadamente la seguridad interna, permitiendo que estas amenazas tomen fuerza y deterioren la seguridad que con tanto esfuerzo se había alcanzado.
¿Acaso los hoy miembros de este gobierno, incluyendo al presidente y, sumado a este, la familia presidencial, no han vulnerado esa dignidad presidencial y no han puesto dudas sobre la legalidad de estas elecciones?
¿Y acaso no se ha manejado de manera tan negligente e irresponsable la diplomacia por parte de este gobierno? ¿No se merece entonces un llamado de atención por parte de la comunidad internacional, cuando esta sociedad hace rato da síntomas de que no es capaz de manejar elementos básicos y fundamentales de su gobierno?
Son cada vez mayores los elementos que suscitan serias dudas sobre la incidencia de fuerzas muy oscuras que nadie resuelve y que las instituciones del país no parecen querer resolver. Y ya todos saben el papel negligente de estas, incluyendo, y por sobre todo, a la Comisión de Acusaciones y a la misma Fiscalía, que se ha convertido en una institución al servicio del gobierno de turno, sin independencia y sin la capacidad para hacer frente a este tipo de cuestiones que soslayan la legalidad de las elecciones y, en esta vía, del mismo Gobierno Nacional.
Así que no me siento representado en su editorial y no considero oportuno un llamamiento de este tipo, menos aun cuando este gobierno pretende coartar incluso la Constitución y la ley con su actuar populista y nos expone a señalamientos internacionales con sus torpezas, negligencias y actos inmorales.