No se debe confundir protesta con provocación

"La eficacia de la protesta social depende de que la sociedad perciba en ella una causa justa y no un mero ejercicio de provocación": Daniel Argumedo.

Foto: Archivo particular

En respuesta al editorial del 6 de abril de 2026, titulado “‘Satanismo’, odio y libre expresión en Colombia“.

Aunque comprendo el punto del editorial de El Espectador y, de hecho, coincido en que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares de nuestra democracia, no comparto el análisis que reduce la controversia a un asunto de libertades individuales frente a dogmatismo estatal. El problema de fondo no es lo que se dijo, sino cómo, cuándo y ante quién se dijo.

Conviene aclarar lo que no está en discusión: no reprocho que un grupo de ciudadanos haya salido a manifestarse. Denunciar los abusos cometidos al interior de la Iglesia católica es legítimo y necesario. Tampoco encuentro objeción en el uso de símbolos religiosos invertidos o estéticas —en sí mismas— provocadoras, pues esto cae dentro de la expresión simbólica que una democracia debe tolerar. Sin embargo, el reproche genuino —en mi sentir— es otro: la provocación deliberada y dirigida contra personas concretas en el momento de mayor solemnidad de su fe.

Repasemos los hechos: no solo escogieron Semana Santa, no solo escogieron uno de los días más representativos para los feligreses de la fe católica (no soy uno de ellos, pero sus ritos son conocidos casi que por cultura general), sino que además fueron hasta un templo donde había personas congregadas para increpar y provocar.

El editorial pregunta si una protesta debe ser respetuosa con una religión particular. Y, en mi criterio, la pregunta está mal planteada: no se trata de exigir reverencia hacia ningún credo, sino de reconocer que existe una diferencia sustancial entre cuestionar a una institución y hostigar a sus fieles mientras practican sus ritos.

Si la intención genuina de los manifestantes era confrontar a la Iglesia católica como estructura de poder, bien pudieron haber acudido a la Conferencia Episcopal de Colombia, pues allí opera la cúpula administrativa. Pero ir a un templo, un Viernes Santo, no incomoda al poder eclesiástico, sino que agrede a ciudadanos comunes que ejercían en privado, precisamente, su propio derecho constitucional a la libertad de culto.

El editorial también cuestiona las expresiones del Ministerio del Interior sobre “cánticos ofensivos” y “actos de intimidación”. Y es cierto que esos conceptos merecen precisión jurídica, dado que el Estado no debe convertirse en árbitro de lo que puede o no cantarse, pero esa cautela frente al lenguaje oficial no invalida el fondo del pronunciamiento: rechazar una acción que, más que protestar, buscó provocar un enfrentamiento entre ciudadanos. Reconocer eso no equivale a preferir unas creencias sobre otras, sino a entender que la convivencia democrática exige un mínimo de consideración recíproca.

Colombia necesita más protesta, no menos. Pero la eficacia de la protesta social depende de que la sociedad perciba en ella una causa justa y no un mero ejercicio de provocación. Defender la libertad de expresión no obliga a aplaudir cualquier forma en que se ejerza; también podemos —y debemos— señalar cuándo su ejercicio cruza la línea.