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En respuesta al editorial del 24 de julio de 2025, titulado “¿El presidente piensa como su jefe de despacho?”.
La controversia en torno a Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, no es más que el síntoma de una tensión más profunda: la incomodidad de ciertos sectores ante una voz que no se adapta al molde tradicional de un funcionario.
El editorial “¿El presidente piensa como su jefe de despacho?” intenta presentar sus opiniones como amenazas a la institucionalidad, pero omite un principio fundamental de la democracia: quienes hacen parte del gobierno también pueden tener ideas políticas, incluso controversiales, siempre y cuando no vulneren la ley ni hagan uso indebido de recursos públicos.
Sí, Saade ha expresado su respaldo a la “repostulación” del presidente Petro. Lo ha hecho como parte del debate político nacional, en sus redes sociales personales y sin emitir actos administrativos al respecto.
No hay evidencia alguna de que esté usando su cargo para promover una reelección inconstitucional, ni de que haya desviado recursos para ese fin. ¿Está en el límite del debate institucional? Posiblemente.
Pero no es el primero ni será el último funcionario que defiende una reforma que, aunque hoy está prohibida, podría plantearse como discusión legítima en un país democrático.
En Colombia, la Constitución se ha reformado varias veces, incluyendo en temas sensibles como la reelección presidencial. En 2005 se permitió una vez; en 2015 se prohibió de nuevo. Nada impide que vuelva al centro del debate público si así lo deciden los ciudadanos a través de sus representantes.
Lo peligroso no es hablar de reelección, sino censurar el pensamiento político por el solo hecho de trabajar en el gobierno.
El editorial también lanza alarmas sobre el comentario de Saade en torno al “periodismo arrodillado”. ¿Es provocador? Sí. ¿Es autoritario? No. Se trata de una crítica fuerte, pero legítima, hacia una parte de los medios que, desde la llegada de Petro al poder, han intensificado una campaña sistemática de desinformación y desprestigio, muchas veces sin equilibrio ni verificación.
Llamar a rendir cuentas a los medios no equivale a censurarlos, y denunciar su sesgo no significa atacarlos.
Quienes exigen al gobierno una conducta institucional irreprochable deberían aplicarse el mismo estándar. ¿Dónde estaban esos editoriales cuando funcionarios de gobiernos anteriores promovían la reelección o amenazaban a la prensa desde cargos públicos? ¿Por qué la indignación selectiva cuando lo hace un presidente de izquierda?
En vez de exigir que el presidente Petro “reprenda” a Saade, sería más sano para la democracia exigir que los debates se den de cara a la ciudadanía, con transparencia, sin escándalos artificiales ni dobles raseros.
Si lo dicho por Saade genera incomodidad, perfecto: así funciona la libertad de expresión. Pero esa libertad debe ser para todos, incluso para quienes trabajan en el Estado y tienen convicciones políticas claras.
¿Lo que hace Saade es imprudente? Tal vez. ¿Es ilegal o antidemocrático? En absoluto. Más peligroso sería tener un gobierno mudo, sin opinión, sometido a las formas vacías de una institucionalidad que solo sirve para conservar el statu quo.
Por Jaime García Romero
