Por Germán Vargas G.*
En Estados Unidos, 2017 terminó con la derogación del principio de neutralidad en internet, que abogaba por el acceso libre e igualitario; los vicios del mundo real continúan colonizando el virtual.
Noticia trágica y absurda. El responsable de tan autoritaria decisión fue el presidente la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai: abogado (cuándo no), cuyos padres son “inmigrantes” de la India, república que prohibió el proyecto de Facebook para conectar gratis a la población pobre (free basics) porque afectaba la neutralidad de la red; pertenece a la generación X, que presenció el nacimiento de internet, y está casado con una polaca (país cuya democratización catalizó la caída del muro).
Favorecidos el bloqueo y la canalización de contenidos, se han señalado riesgos ideológicos; sin embargo la diversidad en las redes sociales está desmitificada, según reveló Science (“Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook”, 2015). Esto no debería ser sorpresa, pues la manipulación y la segregación siempre fueron fallas de la democracia, acentuadas por la evasión de responsabilidad ciudadana, incluso en la población calificada, para buscar activamente información y procesarla de manera crítica.
Pensando en otras implicaciones, según el Global Open Data Index (Open Knowledge Foundation) y OURData Index (OECD, 2017), Colombia es líder en apertura (accesibilidad/disponibilidad) y utilidad de las TIC en los procesos gubernamentales; de acuerdo o no, se supone que esto promueve la transparencia, el control y la creación de valor.
Sin entrar en el debate de la privacidad, la realidad es que los datos de muchas investigaciones financiadas con recursos públicos, no necesariamente están disponibles; incluso se cobran, y ni siquiera habilitan el “botón de acceso abierto”, iniciativa que, a propósito, creará un mapa de bloqueo a la información.
Esto empobrece la añorada Biblioteca de Babilonia, como ocurre en los hogares de la sociedad del conocimiento. Preocupa, más aún, que sólo la mitad de los científicos colombianos haya reconocido el término “ciencia abierta”, en la Encuesta Nacional de Ciencia Abierta (Colciencias y Observatorio Colombiano de CyT), pues supone una profunda barrera cultural, donde los propios abanderados (se) imponen dos ineficiencias: la duplicidad (o solapamiento) de las investigaciones, y la cartelización de la academia.
Tragedia de los anticomunes, la economía colaborativa, que en realidad maximiza utilidad compartiendo costos, diluyó el alcance e impacto de la solidaria, donde los modelos free y open (source) originalmente ofrecían soluciones gratis —sustentadas por el cobro de servicios adicionales— y habilitaban comunidades, voluntarias y meritocráticas, que contribuían a su mejoramiento para optimizar su utilidad (funcional).
Aquella competencia sí era sana. En Colombia, este 2018, esperamos la enmienda “fair use/dealing” a los derechos de autor (PL 146-2017), y el impacto social de la Ley 1838-2017, que fomenta la CT+I y el emprendimiento de base tecnológica (spin-off); ojalá obligaran la publicación de investigaciones financiadas con recursos del erario, incluyendo las de mercado que se patrocinan mediante los fondos de emprendimiento e innovación.
*Catedrático. german.vargas@uniandes.edu.co.
Por Germán Vargas G.*
En Estados Unidos, 2017 terminó con la derogación del principio de neutralidad en internet, que abogaba por el acceso libre e igualitario; los vicios del mundo real continúan colonizando el virtual.
Noticia trágica y absurda. El responsable de tan autoritaria decisión fue el presidente la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai: abogado (cuándo no), cuyos padres son “inmigrantes” de la India, república que prohibió el proyecto de Facebook para conectar gratis a la población pobre (free basics) porque afectaba la neutralidad de la red; pertenece a la generación X, que presenció el nacimiento de internet, y está casado con una polaca (país cuya democratización catalizó la caída del muro).
Favorecidos el bloqueo y la canalización de contenidos, se han señalado riesgos ideológicos; sin embargo la diversidad en las redes sociales está desmitificada, según reveló Science (“Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook”, 2015). Esto no debería ser sorpresa, pues la manipulación y la segregación siempre fueron fallas de la democracia, acentuadas por la evasión de responsabilidad ciudadana, incluso en la población calificada, para buscar activamente información y procesarla de manera crítica.
Pensando en otras implicaciones, según el Global Open Data Index (Open Knowledge Foundation) y OURData Index (OECD, 2017), Colombia es líder en apertura (accesibilidad/disponibilidad) y utilidad de las TIC en los procesos gubernamentales; de acuerdo o no, se supone que esto promueve la transparencia, el control y la creación de valor.
Sin entrar en el debate de la privacidad, la realidad es que los datos de muchas investigaciones financiadas con recursos públicos, no necesariamente están disponibles; incluso se cobran, y ni siquiera habilitan el “botón de acceso abierto”, iniciativa que, a propósito, creará un mapa de bloqueo a la información.
Esto empobrece la añorada Biblioteca de Babilonia, como ocurre en los hogares de la sociedad del conocimiento. Preocupa, más aún, que sólo la mitad de los científicos colombianos haya reconocido el término “ciencia abierta”, en la Encuesta Nacional de Ciencia Abierta (Colciencias y Observatorio Colombiano de CyT), pues supone una profunda barrera cultural, donde los propios abanderados (se) imponen dos ineficiencias: la duplicidad (o solapamiento) de las investigaciones, y la cartelización de la academia.
Tragedia de los anticomunes, la economía colaborativa, que en realidad maximiza utilidad compartiendo costos, diluyó el alcance e impacto de la solidaria, donde los modelos free y open (source) originalmente ofrecían soluciones gratis —sustentadas por el cobro de servicios adicionales— y habilitaban comunidades, voluntarias y meritocráticas, que contribuían a su mejoramiento para optimizar su utilidad (funcional).
Aquella competencia sí era sana. En Colombia, este 2018, esperamos la enmienda “fair use/dealing” a los derechos de autor (PL 146-2017), y el impacto social de la Ley 1838-2017, que fomenta la CT+I y el emprendimiento de base tecnológica (spin-off); ojalá obligaran la publicación de investigaciones financiadas con recursos del erario, incluyendo las de mercado que se patrocinan mediante los fondos de emprendimiento e innovación.
*Catedrático. german.vargas@uniandes.edu.co.