En respuesta al editorial del 28 de noviembre de 2019, titulado “No hay que jugar con la tributaria”.
Por Alejandro Silva
El Congreso de la República es el escenario natural para discutir la Ley de Financiamiento, y para eso los legisladores tienen, por lo menos, lo que resta del presente año.
¿Acaso las eventuales modificaciones más trascendentales no las conoce el país? ¿Acaso no están sobrediagnosticadas las falencias e inequidad de dicha ley? Entonces, ¿por qué no aprovechar la ocasión, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, para incluirle los cambios que considere pertinentes?
¿No es mejor coger el toro por los cachos, en lugar de posponer indefinidamente una reforma tributaria que tanto necesitamos?
¿Por qué una nueva discusión fomentaría la inestabilidad nacional? Al contrario, primero, mostraría la buena disposición de los congresistas por los intereses que representan. Segundo, se visibilizarían los desatinos de una ley que entrará en vigencia el 1° de enero de 2020. Por ejemplo, no es equitativo que la carga tributaria recaiga fundamentalmente en la clase media. Por ende, los empresarios deberían asumir un nivel de tributación más acorde con su margen de rentabilidad.
Que los congresistas cumplan con el deber para el cual fueron elegidos no es “manipular a la administración”, como se afirma en el editorial. Es sencillamente consecuencia de la separación y colaboración armónica de dos de las ramas que conforman el poder público. Seguramente, los cambios que se aprueben no serán todos ni serán perfectos, pero debemos empezar con algo. Colombia requiere ya cambios, los cuales no se deben aplazar por las festividades decembrinas y el interés minoritario por mantener unos privilegios muchas veces exorbitantes.
La decisión adoptada por la Corte Constitucional de declarar inexequible por vicios de procedimiento la reforma tributaria ahora debe ser aprovechada por el Congreso para mejorarla, ojalá aboliendo los nuevos impuestos y exenciones injustificables que allí se establecieron.
En últimas, a estas alturas del partido deben cambiarse muchas cosas de la ley antes de que los extremistas nos den el pitazo final.
Es claro que no hay populismo cuando se abordan los problemas de una manera responsable y, sobre todo, oportunamente. ¿O es que en el Congreso no hay personas lo suficientemente capaces para debatir las reformas que ahonden y clarifiquen la forma como debe enmendarse el desfinanciamiento del presupuesto general de la nación?
Seguramente el conversatorio nacional, liderado por el presidente Duque, tendrá unas conclusiones, las cuales servirán para consolidar un régimen tributario más justo y equitativo, sin embargo, la realidad económica de la mayoría de los colombianos no da espera.
En respuesta al editorial del 28 de noviembre de 2019, titulado “No hay que jugar con la tributaria”.
Por Alejandro Silva
El Congreso de la República es el escenario natural para discutir la Ley de Financiamiento, y para eso los legisladores tienen, por lo menos, lo que resta del presente año.
¿Acaso las eventuales modificaciones más trascendentales no las conoce el país? ¿Acaso no están sobrediagnosticadas las falencias e inequidad de dicha ley? Entonces, ¿por qué no aprovechar la ocasión, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, para incluirle los cambios que considere pertinentes?
¿No es mejor coger el toro por los cachos, en lugar de posponer indefinidamente una reforma tributaria que tanto necesitamos?
¿Por qué una nueva discusión fomentaría la inestabilidad nacional? Al contrario, primero, mostraría la buena disposición de los congresistas por los intereses que representan. Segundo, se visibilizarían los desatinos de una ley que entrará en vigencia el 1° de enero de 2020. Por ejemplo, no es equitativo que la carga tributaria recaiga fundamentalmente en la clase media. Por ende, los empresarios deberían asumir un nivel de tributación más acorde con su margen de rentabilidad.
Que los congresistas cumplan con el deber para el cual fueron elegidos no es “manipular a la administración”, como se afirma en el editorial. Es sencillamente consecuencia de la separación y colaboración armónica de dos de las ramas que conforman el poder público. Seguramente, los cambios que se aprueben no serán todos ni serán perfectos, pero debemos empezar con algo. Colombia requiere ya cambios, los cuales no se deben aplazar por las festividades decembrinas y el interés minoritario por mantener unos privilegios muchas veces exorbitantes.
La decisión adoptada por la Corte Constitucional de declarar inexequible por vicios de procedimiento la reforma tributaria ahora debe ser aprovechada por el Congreso para mejorarla, ojalá aboliendo los nuevos impuestos y exenciones injustificables que allí se establecieron.
En últimas, a estas alturas del partido deben cambiarse muchas cosas de la ley antes de que los extremistas nos den el pitazo final.
Es claro que no hay populismo cuando se abordan los problemas de una manera responsable y, sobre todo, oportunamente. ¿O es que en el Congreso no hay personas lo suficientemente capaces para debatir las reformas que ahonden y clarifiquen la forma como debe enmendarse el desfinanciamiento del presupuesto general de la nación?
Seguramente el conversatorio nacional, liderado por el presidente Duque, tendrá unas conclusiones, las cuales servirán para consolidar un régimen tributario más justo y equitativo, sin embargo, la realidad económica de la mayoría de los colombianos no da espera.