En respuesta al editorial del 7 de enero de 2022, titulado “No se puede rechazar la educación presencial”.
El calendario A de la educación está por empezar. Se espera claramente que sea el inicio de la recuperación plena de las actividades académicas presenciales, que fueron abruptamente interrumpidas para controlar la pandemia de COVID-19. Han pasado varias cosas para que se espere que sea así, pero la que más ha sido resaltada es la vacunación. Sin duda, el proceso de la inmunización ha avanzado y la priorización del magisterio ha sido un acierto. No obstante, no se puede considerar suficiente.
Aunque el magisterio es el que materializa el derecho a la educación, para que se haga efectivo no solo falta la asistencia de los maestros a las instituciones educativas. Se requiere cierto soporte material y financiero para poder prestar el servicio educativo y es especialmente sensible cuando aún tenemos que hacerle frente al COVID-19. Es precisamente eso lo que se solicita, que haya condiciones apropiadas básicas. Entonces, recae en el propio ejercicio del Estado proveer esas condiciones mínimas, no en el magisterio. Y acá hay que evitar caer en el error de pensar que las condiciones de los colegios de Bogotá representan la media de los demás colegios del país, pues aún tenemos infraestructura insuficiente o en malas condiciones en las zonas rurales y en ciudades pequeñas.
Es bien cierto que se requiere bastante tiempo para lograr poner al día la infraestructura educativa nacional. Ya varios contradictores de Fecode han señalado que el Estado no puede en tan poco tiempo arreglar un problema de décadas y que, por eso, es injustificable no regresar a las clases presenciales. Esta postura poco hace para mejorar la educación del país, más bien lleva consigo la aceptación pusilánime del estado actual de las cosas, postrando la educación pública ante el poco compromiso por mejorar las condiciones de los colegios, afectando a millones de estudiantes de manera permanente. En lugar de tomar semejante posición y frente a la imposibilidad de hacer una actualización de la infraestructura de los colegios en poco tiempo, es mejor un plan para resolverlo y su rápida implementación. Por otro lado, también se debe abordar una falencia adicional: la falta de recursos de las TIC para hacer una educación para el siglo XXI.
Entretanto, el magisterio volverá a las aulas a continuar con el compromiso con la educación pública, pero la voluntad de educar no es suficiente cuando hacen falta cosas tan básicas como acceso a agua potable, baterías de baños, aulas apropiadas y mucho más.
Que estudiantes y docentes concurran en un colegio no implica necesariamente que haya educación garantizada plenamente. Se requiere mucho más: una sociedad comprometida con la educación y un Estado que invierta para una sociedad del siglo XXI.
* Docente en Física y Matemáticas.
Por Ervin Rueda
