El modelo de amnistía propuesto por Uribe puede profundizar la polarización

En respuesta al editorial del 22 de agosto de 2021, titulado “¿Puede un modelo de amnistía acabar la polarización?”.

Colombia tiene por delante el imperativo de avanzar en la implementación del proceso de paz, creando condiciones para la no repetición y reparación de las comunidades.

La justicia transicional tiene un enfoque restaurativo. Esto significa, como sugiere Rettberg, que en él las víctimas emergen como actor político clave en los mecanismos de la justicia transicional.

Por primera vez en Colombia, las narrativas y voces de las víctimas están siendo escuchadas y valoradas para avanzar en la construcción de un relato polisémico para comprender las múltiples violencias traslapadas del conflicto colombiano. Las violaciones a los derechos humanos, la política de protección a los victimarios, los falsos positivos y todos los demás crímenes cometidos son la prueba más irrefutable de por qué la implementación de procesos de justicia transicional es el camino idóneo para avanzar en los procesos de justicia, verdad y reparación a las víctimas.

Puede tomarse como ejemplo el marco político y jurídico de El Salvador que dio lugar al Acuerdo de Chapultepec en 1992. Las leyes de amnistía desconocieron elementos claves de los acuerdos que buscaban superar la impunidad. Luego de varias décadas de haber implementado un modelo de justicia transicional, el Estado se enfrenta a demandas internacionales por el incumplimiento con las víctimas del conflicto.

No creo que sea acertado interpretar la propuesta de Uribe como un gesto político para mejorar el debate. Por el contrario, la insistencia en negar el conflicto armado y su responsabilidad frente a la connivencia de los paramilitares con el Estado puede exacerbar los odios. Y esa manera de argumentar puede traerle réditos políticos en las próximas elecciones.

La paz imperfecta, con verdad y reparación, debe seguir siendo el anhelo de los colombianos, pero no puede serlo “a cualquier costo” y menos echando por tierra lo pactado en La Habana.

La implementación de la justicia transicional, como sugiere Francisco de Roux, es el primer paso hacia la construcción de un país que pueda transitar los odios y las violencias. Pero para llegar allí, es importante hacer el esfuerzo de designar las cosas por su nombre.

Los “falsos positivos” no fueron tres casos aislados debidos a algunas “manzanas podridas”, sino el resultado de una política de Estado en la que se decretaron directivas para pagar bajas en combate, que dieron lugar a 6.400 víctimas incluyendo niños, niñas y personas en situación discapacidad. Todo esto no forma parte de la prehistoria de Colombia, sino de un conjunto de prácticas sistemáticas que siguen vigentes y echaron raíces en las instituciones de justicia y en buena parte de la sociedad.

El asesinato sistemático de líderes sociales y jóvenes responde a la misma lógica de los informantes y de la guerra contra el enemigo interno. Superar esas lógicas es parte de la tarea que tenemos por delante para construir un país distinto, uno en el que podamos dirimir los conflictos de manera pacífica donde el reconocimiento del otro como interlocutor válido sea la piedra de toque para la profundizar la democracia.