El pico y placa siempre ha sido un atropello a la ciudadanía

En respuesta al editorial del 11 de enero de 2023, titulado “Los sacrificios en la movilidad no pueden ser eternos”.

Por supuesto que las protestas eran predecibles. Luego de 25 años de atropellos desde que se instauró la medida de pico y placa en Bogotá, sin que sucesivos gobiernos hubieran afrontado con seriedad el desarrollo de un sistema de transporte público multimodal confiable, seguro y de calidad, los ciudadanos con toda razón levantan la voz para decir: “¡No más!”.

El pico y placa siempre ha sido un atropello a la ciudadanía, una afrenta a la propiedad privada y una burla a los ciudadanos que recurren al automóvil particular como herramienta necesaria para desarrollar su vida diaria, trabajar, producir y subsistir en una ciudad sin alternativa alguna que supla las necesidades de transporte en condiciones confiables, seguras y mínimamente dignas.

Han pasado 25 años desde que se instaló el pico y placa como escampadero inamovible de los mediocres gobiernos que no han hecho nada para desplegar un verdadero sistema de transporte digno a escala y proyección de esta urbe cuya población crece sin parar.

Una tras otra, las alcaldías se dedicaron con visión de túnel a “busificar” Bogotá, simplemente poniendo en filas interminables los antiguos buses “amarillos y rojos” en la forma de los ahora articulados escarlatas con puerta a la izquierda, punto. Ni trenes, ni tranvías, ni metro, ni nada más existe para ofrecer un servicio limpio, seguro, rápido y eficiente, que, de existir, sería la alternativa lógica que por simple conveniencia acogeríamos los ciudadanos, dejando el vehículo particular como un recurso secundario para viajes por carretera y ocupar el tiempo libre.

Estamos en un cambio de paradigma. Hay una realidad que es difícil de aceptar pero que las últimas alcaldías no han podido reconocer: Bogotá no puede despojar coercitivamente a los ciudadanos del derecho a transportarse utilizando sus vehículos privados mientras no exista un sistema público de transporte multimodal eficiente que por simple lógica y conveniencia induzca su propia demanda. Políticamente es una “papa caliente”, pues el SITP actual evidentemente no cubre las necesidades de la población y su servicio no resulta atractivo como para que la ciudadanía piense en abandonar el medio de transporte privado, siendo una realidad del mercado que el gobierno de la ciudad, más temprano que tarde, tendrá que reconocer.

El problema radica en que las alcaldías han evadido la implementación de un sistema de transporte robusto y multimodal con condiciones de servicio favorables al usuario. Mientras persistan condiciones desfavorables del servicio, claramente no habrá ningún incentivo para su uso y nos quedaremos en el eterno e injusto escenario en donde el transporte público es el infierno diario que los ciudadanos menos favorecidos deben sufrir, mientras el vehículo particular seguirá siendo la aspiración y el bien mejor preciado de todo ciudadano que pueda costearlo para facilitar su quehacer diario.

No es el momento de más sacrificios y, lamentablemente para ellos, son los gobernantes actuales y por elegirse quienes deben de una vez por todas implementar un sistema de transporte público eficiente y digno. Cualquier otra medida que olímpicamente escurra el bulto en la ciudadanía es un atropello intolerable.