Por Felipe Corral Montoya*
El editorial invita a que en Colombia se den debates que miren más allá de lo inmediatamente coyuntural y sintomático. Aquí, la discusión sobre cambio climático y sus consecuencias para Colombia es de las más importantes. Aprovecho para aterrizar este debate en la realidad política colombiana con dos casos urgentes para el país: la insostenible situación fiscal y la falta de pasos verdaderos para reducir la –verdadera— huella climática de Colombia.
En primer lugar, el Congreso está discutiendo una Ley de Financiamiento para recaudar $14 billones. Sin poner el presupuesto en orden, no habrá plata para educación, salud, infraestructura, etc. Se ha propuesto recaudar recursos adicionales, entre otras, extendiendo el IVA a la canasta familiar, reduciendo exenciones tributarias o aumentando los impuestos al sector financiero. Convenientemente se deja de lado la pregunta: ¿por qué el déficit fiscal?
Álvaro Pardo da una pista en un artículo, publicado en Razón Pública, en el que se investigan los resultados de una serie de incentivos tributarios que se le han dado, especialmente, al sector minero-energético. Pardo concluye que lo que el Estado dejó de recibir en el año 2016, por ejemplo, fueron $19,3 billones. Así visto, se corre el riesgo de ignorar los beneficios que trae el sector para el país. Son ejemplos: inversiones extranjeras directas, puestos de trabajo y generación de divisas. No obstante, el tamaño de la cifra invita a cuantificar el aporte del sector minero-energético. ¿Vale lo que le estamos dando de nuestros impuestos? Pardo concluye que no. De lo que ni él ni la editorial hablan es de los costos climáticos de nuestro sector minero-energético.
Colombia se comprometió a reducir entre un 20 % y un 30 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, este compromiso es cómodo, ya que excluye las exportaciones minero-energéticas del país. Concentrándose solo en las emisiones provenientes del uso de combustibles fósiles, si se incluyeran las emisiones presuntivas del carbón que Colombia exporta, nuestro país pasa de emitir un total de 77,7 millones, a 235,3 millones de toneladas de CO2. ¡Tres veces más! Las consecuencias de esto pueden ser nefastas. Un estudio reciente calcula que solo incluyendo los costos del cambio climático en la extracción de carbón, estos aumentarían entre US$376 y US$1.900 por tonelada. Dado que el carbón colombiano se está vendiendo a alrededor de US$80 por tonelada, esto significa que la nación —y no las empresas— está acumulando un pasivo ambiental y climático. Si en 2017 se exportaron 83,2 millones de toneladas de carbón, se están generando $74 billones en pasivos ambientales. ¡Por año! Todo esto, además de los billones que se le dan en exenciones tributarias al sector minero-energético.
El 22 de febrero de 2019, se vence la concesión minera de La Loma, en manos de Drummond Company Inc. Quizá sea esta una oportunidad para que la política fiscal, minero-energética y ambiental en Colombia mire más allá de lo inmediato y se pregunte lo urgente e importante en Colombia.
*Asistente de investigación en el grupo de investigación CoalExit, de la Universidad Tecnológica de Berlín, Alemania.
Por Felipe Corral Montoya*
El editorial invita a que en Colombia se den debates que miren más allá de lo inmediatamente coyuntural y sintomático. Aquí, la discusión sobre cambio climático y sus consecuencias para Colombia es de las más importantes. Aprovecho para aterrizar este debate en la realidad política colombiana con dos casos urgentes para el país: la insostenible situación fiscal y la falta de pasos verdaderos para reducir la –verdadera— huella climática de Colombia.
En primer lugar, el Congreso está discutiendo una Ley de Financiamiento para recaudar $14 billones. Sin poner el presupuesto en orden, no habrá plata para educación, salud, infraestructura, etc. Se ha propuesto recaudar recursos adicionales, entre otras, extendiendo el IVA a la canasta familiar, reduciendo exenciones tributarias o aumentando los impuestos al sector financiero. Convenientemente se deja de lado la pregunta: ¿por qué el déficit fiscal?
Álvaro Pardo da una pista en un artículo, publicado en Razón Pública, en el que se investigan los resultados de una serie de incentivos tributarios que se le han dado, especialmente, al sector minero-energético. Pardo concluye que lo que el Estado dejó de recibir en el año 2016, por ejemplo, fueron $19,3 billones. Así visto, se corre el riesgo de ignorar los beneficios que trae el sector para el país. Son ejemplos: inversiones extranjeras directas, puestos de trabajo y generación de divisas. No obstante, el tamaño de la cifra invita a cuantificar el aporte del sector minero-energético. ¿Vale lo que le estamos dando de nuestros impuestos? Pardo concluye que no. De lo que ni él ni la editorial hablan es de los costos climáticos de nuestro sector minero-energético.
Colombia se comprometió a reducir entre un 20 % y un 30 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, este compromiso es cómodo, ya que excluye las exportaciones minero-energéticas del país. Concentrándose solo en las emisiones provenientes del uso de combustibles fósiles, si se incluyeran las emisiones presuntivas del carbón que Colombia exporta, nuestro país pasa de emitir un total de 77,7 millones, a 235,3 millones de toneladas de CO2. ¡Tres veces más! Las consecuencias de esto pueden ser nefastas. Un estudio reciente calcula que solo incluyendo los costos del cambio climático en la extracción de carbón, estos aumentarían entre US$376 y US$1.900 por tonelada. Dado que el carbón colombiano se está vendiendo a alrededor de US$80 por tonelada, esto significa que la nación —y no las empresas— está acumulando un pasivo ambiental y climático. Si en 2017 se exportaron 83,2 millones de toneladas de carbón, se están generando $74 billones en pasivos ambientales. ¡Por año! Todo esto, además de los billones que se le dan en exenciones tributarias al sector minero-energético.
El 22 de febrero de 2019, se vence la concesión minera de La Loma, en manos de Drummond Company Inc. Quizá sea esta una oportunidad para que la política fiscal, minero-energética y ambiental en Colombia mire más allá de lo inmediato y se pregunte lo urgente e importante en Colombia.
*Asistente de investigación en el grupo de investigación CoalExit, de la Universidad Tecnológica de Berlín, Alemania.