Por Iván Montenegro Trujillo
Una reflexión sobre el contenido y alcance del editorial: “Educación: una ambición pendiente” suscitó la pregunta sobre la vigencia del pensamiento liberal en Colombia. El tratamiento trivial del tema se aborda mediante la evolución de indicadores, la designación burocrática, alusión a temas puntuales y, sobre todo, con una magra meditación. Reconociendo logros en este Gobierno, cabe reflexionar sobre la magna misión de la educación, su influencia en asuntos de fondo, su aporte al desarrollo, los debates globales y acerca de su prospectiva estratégica en el contexto de un nuevo pacto multipolítico en el poder.
Sobre la percepción lineal mediante indicadores “planos”: nuestro país está por debajo de los países más importantes de América Latina y del promedio de la OCDE en inversión pública por habitante; y en calidad, si bien Colombia progresa, aún está en la parte muy baja de la tabla de los países que participan en las pruebas PISA, ya que menos del 1 % de los estudiantes tienen capacidad de pensamiento crítico.
Un asunto tan crucial como la gestión del sector se limita a señalar las vicisitudes de las designaciones de la alta burocracia, en lugar de abordar problemas en la gestión de la descentralización, entre los cuales destacan el atentado a los derechos de los niños, el Plan de Alimentación Escolar, paradigma del delito canalla, en manos del repugnante sistema político del clientelismo delincuencial; el descubrimiento, en 2013, de 300.000 estudiantes fantasmas, la fragmentación y redundancia de las bases de datos o la crisis de la educación técnica y tecnológica.
Se tratan asuntos puntuales, aunque importantes, pero de manera apurada: conflictos con Fecode, el Programa Ser Pilo Paga, pero, sobre todo, se soslaya el descuido de la universidad pública, y de aquí arrancamos para este planteamiento central. No hay alusión retrospectiva al rol de la educación en la sistémica crisis de la corrupción y en la violencia.
La misión de la universidad pública debe consistir en el liderazgo en generar y apropiar conocimiento e innovación para fortalecer y crear una tradición cultural y, como lo plantea Morin, la finalidad de un sistema de educación es cuestión de articulación, religación, ética y bastante menos el gaseoso y fútil propósito de ser el “país más educado de América”.
Un debate crucial que se debe asumir, de manera abierta e informada, es el del intento implícito o manifiesto de otorgar prioridad a la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, a nombre de un miope pragmatismo de corto plazo y en detrimento de las ciencias sociales y las humanidades, cuando en países como la República Popular China y Singapur las están fortaleciendo, por su contribución a la innovación, y, en nuestro caso, por su aporte al fortalecimiento de la democracia.
Finalmente, en vista de una versión 2.0 de un “frente nacional político” y de una oportunidad legal para el ejercicio de la oposición, el rol de la educación debe estar sincronizado con el fortalecimiento de la democracia participativa y con una real modernización de la economía: valores centrales del pensamiento político liberal.
Por Iván Montenegro Trujillo
Una reflexión sobre el contenido y alcance del editorial: “Educación: una ambición pendiente” suscitó la pregunta sobre la vigencia del pensamiento liberal en Colombia. El tratamiento trivial del tema se aborda mediante la evolución de indicadores, la designación burocrática, alusión a temas puntuales y, sobre todo, con una magra meditación. Reconociendo logros en este Gobierno, cabe reflexionar sobre la magna misión de la educación, su influencia en asuntos de fondo, su aporte al desarrollo, los debates globales y acerca de su prospectiva estratégica en el contexto de un nuevo pacto multipolítico en el poder.
Sobre la percepción lineal mediante indicadores “planos”: nuestro país está por debajo de los países más importantes de América Latina y del promedio de la OCDE en inversión pública por habitante; y en calidad, si bien Colombia progresa, aún está en la parte muy baja de la tabla de los países que participan en las pruebas PISA, ya que menos del 1 % de los estudiantes tienen capacidad de pensamiento crítico.
Un asunto tan crucial como la gestión del sector se limita a señalar las vicisitudes de las designaciones de la alta burocracia, en lugar de abordar problemas en la gestión de la descentralización, entre los cuales destacan el atentado a los derechos de los niños, el Plan de Alimentación Escolar, paradigma del delito canalla, en manos del repugnante sistema político del clientelismo delincuencial; el descubrimiento, en 2013, de 300.000 estudiantes fantasmas, la fragmentación y redundancia de las bases de datos o la crisis de la educación técnica y tecnológica.
Se tratan asuntos puntuales, aunque importantes, pero de manera apurada: conflictos con Fecode, el Programa Ser Pilo Paga, pero, sobre todo, se soslaya el descuido de la universidad pública, y de aquí arrancamos para este planteamiento central. No hay alusión retrospectiva al rol de la educación en la sistémica crisis de la corrupción y en la violencia.
La misión de la universidad pública debe consistir en el liderazgo en generar y apropiar conocimiento e innovación para fortalecer y crear una tradición cultural y, como lo plantea Morin, la finalidad de un sistema de educación es cuestión de articulación, religación, ética y bastante menos el gaseoso y fútil propósito de ser el “país más educado de América”.
Un debate crucial que se debe asumir, de manera abierta e informada, es el del intento implícito o manifiesto de otorgar prioridad a la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, a nombre de un miope pragmatismo de corto plazo y en detrimento de las ciencias sociales y las humanidades, cuando en países como la República Popular China y Singapur las están fortaleciendo, por su contribución a la innovación, y, en nuestro caso, por su aporte al fortalecimiento de la democracia.
Finalmente, en vista de una versión 2.0 de un “frente nacional político” y de una oportunidad legal para el ejercicio de la oposición, el rol de la educación debe estar sincronizado con el fortalecimiento de la democracia participativa y con una real modernización de la economía: valores centrales del pensamiento político liberal.