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En respuesta al editorial del 10 de agosto de 2022, titulado ”Cuidado con las relaciones con Venezuela”.
A pesar de que el editorial reconoce la urgencia y la necesidad ingente de restablecer las relaciones con Venezuela, así como de abrir las fronteras, inicia adjudicando al presidente venezolano el apelativo de dictador, que, como se sabe, es comúnmente utilizado no solo para referirse a Nicolás Maduro, sino también a presidentes electos democráticamente que han promovido políticas basadas en la soberanía nacional, el fomento de la empresa pública, la autonomía económica o la explotación propia de sus recursos, medidas que van en detrimento de las potencias invasoras que no quieren perder los beneficios que les otorga el aprovechamiento inescrupuloso, insensato y sin control de recursos ajenos.
Apelar a la prudencia es válido, más cuando se trata del restablecimiento de las relaciones entre partes distanciadas o en conflicto. No obstante, invitar al ejercicio de la prudencia frente a la violación de derechos humanos es toda una contrariedad, puesto que las prácticas que fomenten su vulneración o los vulneren deberían ser tratadas con todo, menos con prudencia.
Contradictorio es también este enfoque que tilda de “violador de derechos humanos y secuestrador de la democracia” al actual Gobierno de Venezuela, desconociendo la evidente violación de derechos a la que fue sometido el país hermano por parte de Estados Unidos, nación con la que muy posiblemente El Espectador no considere necesaria la exhortación a la prudencia, aunque históricamente se haya dedicado a expoliar, abusar, invadir y violentar física e ideológicamente a los países de Centro y Suramérica, como si en realidad fuese su patio trasero, en el que puede tener la libertad de tránsito, ocupación, explotación e ideologización. Así ha ocurrido con la Operación Cóndor, la Escuela de las Américas o las recientes y constantes intrusiones y los bloqueos a quienes se desalinean como cooperantes de sus intereses. Lo argumenta John Bolton, exasesor de Seguridad de Estados Unidos, en su libro La habitación donde sucedió, en el que, entre otras cosas, revela las estrategias para realizar o auspiciar golpes de Estado o cambios de regímenes que denominan “no democráticos” por otros, obviamente, tampoco democráticos, como ha ocurrido con el autonombrado presidente Juan Guaidó, asociado a casos de corrupción y a la banda criminal Los Rastrojos. Aun así, fue reconocido como “presidente legítimo” por Estados Unidos y 52 países. Dado que Guaidó, a pesar de sus llamados a la movilización social, no consiguió erigirse como presidente, se llevó a cabo la Operación Gedeón: en complicidad con mercenarios estadounidenses, dos grupos de militares venezolanos que se encontraban en tierra colombiana tuvieron la misión de capturar, detener o eliminar a Nicolás Maduro e instaurar a Guaidó como presidente. ¿Este tipo de operaciones se podrían considerar como el rescate de la democracia?
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro es objetable en muchas de sus decisiones y acciones, la crisis social, económica y política ha obedecido principalmente al bloqueo, el congelamiento de fondos y la invasión de un país que considera a las naciones suramericanas parte de sus posesiones, de las que pretende tener absoluto control en alianza con sus gobernantes. Hacia lo que debería propender esta nueva etapa, que se inicia con el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, es la unidad y el fortalecimiento latinoamericano con miras a desarrollarse como potencia energética, productora, social y económica, para así gozar de autonomía. Es decir, una unión de países desarrollados, pero que no basen su desarrollo en la expoliación y el sometimiento de los países subdesarrollados. Para ello, estas relaciones, más que en la prudencia, se han de basar en la astucia y la confianza.