En respuesta al editorial del 2 de febrero de 2026, titulado “Gustavo Petro critica al... Gobierno Petro”.
El editorial de El Espectador del 2 de febrero identifica correctamente una anomalía política: un presidente que critica su propio gobierno. Sin embargo, la pieza periodística incurre en una contradicción analítica fundamental al reconocer esta táctica dilatoria sin confrontarla con la suficiente contundencia crítica que la situación amerita.
El editorial señala, casi con sorpresa condescendiente, que Petro ahora “admite” la necesidad de recortes presupuestales como si esto constituyera un acto de responsabilidad tardía. Esta lectura resulta insuficiente. No se trata de un reconocimiento virtuoso, sino de la admisión forzada de una realidad que cualquier administración competente habría anticipado desde el inicio. Cuando los ingresos no se materializan y el Congreso rechaza las propuestas fiscales, la austeridad no es una opción noble sino una obligación constitucional y técnica. Presentar esto como mérito presidencial normaliza peligrosamente la incompetencia administrativa.
Más preocupante resulta la ligereza con que el editorial trata la respuesta del Banco de la República. El aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés fue el ejercicio responsable y técnicamente fundamentado de la única institución que ha mantenido coherencia institucional en medio del desorden macroeconómico, mientras recibe todo tipo de ataques presidenciales absurdos.
El Banco cumplió su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda frente a presiones inflacionarias evidentes derivadas de un aumento salarial desproporcionado en contexto de desaceleración económica. Defender la autonomía del Banco de la República no es una posición tecnocrática elitista. Es reconocer que las instituciones técnicas independientes existen precisamente para proteger el interés colectivo de largo plazo frente a decisiones políticas de corto plazo electoral. La crítica presidencial al Emisor no sólo es técnicamente infundada, sino que representa un ataque directo a uno de los pilares institucionales que Colombia ha construido con décadas de aprendizaje doloroso sobre las consecuencias de subordinar la política monetaria a los caprichos del ejecutivo.
La estrategia presidencial de culpar a funcionarios que él mismo nombró (Ocampo, Reyes, Sarabia) no es simplemente “curiosa” como sugiere el editorial. Es una abdicación sistemática de la responsabilidad inherente al cargo. El presidente de la República no es un observador externo de su propio gobierno. Es el diseñador de su gabinete, el orientador de la política pública y el responsable último de la ejecución gubernamental.
La pregunta retórica del editorial (“¿acaso el presidente no estaba al tanto?”) debería responderse con claridad. O no estaba al tanto, evidenciando incompetencia administrativa grave, o sí lo estaba y ahora miente para evadir responsabilidad, demostrando deshonestidad política. Ambas opciones descalifican el papel de un gobernante errático, confuso y cegado por la ideología.
El editorial acierta en identificar el problema pero falla en dimensionar su gravedad. No estamos ante “curiosidades” políticas sino ante la erosión deliberada del principio constitucional de responsabilidad presidencial. En democracia, el poder ejecutivo responde ante la ciudadanía por los resultados de su gestión completa, no selectivamente por aquellos que le convienen. Normalizar esta evasión sistemática no solo valida un comportamiento reprobable sino que establece un precedente peligroso para futuras administraciones que podrían replicar esta estrategia de irresponsabilidad institucionalizada.
Por Camilo Vega
